Mediante un comunicado a la opinión pública un amplio sector de docentes afro y etnoeducadores del departamento de Sucre dieron a conocer su molestia por la presunta vulneración de derechos cometida en contra de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera por parte del gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa; la secretaria de Educación departamental, Suad Banque Guevara; y los funcionarios de esa entidad Tulio Oviedo Hernández y Sandra Arrieta Pérez, entre otros.
Dicha violación a la que hacen referencia queda evidenciada, según el comunicado, en la Resolución 5739 del 18 de octubre de 2023, por la cual se convoca a concurso ordinario de traslados (vigencia 2023- 2024), la cual en la página 10 incluye las plazas etnoeducativas afrocolombianas de los municipios de Tolú y San Onofre.
“Como instancias de representación de la población afrosucreña, no comprendemos porqué la entidad territorial, se empeña en vulnerar los derechos de maestros y maestras etnoeducadores y la del pueblo afro en general, aun cuando desde 2020 que fue la última vez que la entidad se atrevió a convocar las plazas etnoeducativas afrocolombianas, el proceso afro sanonofrino y toludeño, en articulación con los comisionados pedagógicos departamental y nacional, lideres nacionales de la comisión cuarta del espacio nacional de consulta previa y el Ministerio de Educación Nacional, logramos demostrar que el hecho había sido arbitrario y contrario a la norma, por lo que se le ordenó a la entidad territorial retirar la resolución publicada y expedir una nueva donde se excluyeran las plazas etnoeducativas afrocolombianas, hasta tanto el concurso ordinario de traslados en plazas etnoeducativas se regulara en el marco del estatuto único de profesionalización de docentes etnoeducadores afrocolombianos”, explicaron.
Aseguraron, no escatimarán esfuerzos de índole legal hasta lograr que en derecho corrijan la resolución que con intensión o por desconocimiento de la norma expidieron.
“Saquen un minuto de su tiempo y lean la sentencia C666 y toda la jurisprudencia que en materia educativa protege los derechos del pueblo negro. Si la intención de la entidad no es politiquera, sino la de querer resolver la falta de docentes que tienen las instituciones que atienden a población mayoritariamente afro en estos municipios, convoquen a las mesas municipales de concertación, sin ocultar las vacantes definitivas que existen y que se han generado en nuestros territorios desde que el departamento fue bloqueado para nombramientos por el excedente de planta y conjuntamente solucionemos el problema y no generemos uno mayor”, puntualizaron los denunciantes en un comunicado oficial.
Fuente: El Meridiano