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Mientras en Chile avanza el proceso de vacunación que posibilitará un retorno pronto y seguro a las aulas, en Colombia el espectáculo no puede ser realmente más triste y deprimente. El proceso de aplicación de biológicos se surte de manera lenta, desorganizada e improvisada, como todo en este gobierno.

Frente a una necesidad urgente e inaplazable como la del retorno de los niños a clases solo hay inercia,  inmovilidad e irresponsabilidad. Se insiste en un ensayo-error y en un «a ver qué pasa» que puede costar valiosas vidas que para presidentes, ministros y secretarías de educación no parecieran revestir importancia.

A días de cumplirse ya un año desde la suspensión de clases ni el ejecutivo ni el congreso nacional y mucho menos alcaldes y concejos hicieron absolutamente nada para garantizar que el 2021 no tomara el rumbo de repetición del año perdido que tuvo el 2020. Hubo meses suficientes para hacer de la educación un propósito prioritario de la sociedad y de quienes la dirigen pero brillaron por su ausencia, como siempre, las ejecutorias.

No se ha construido ni una sola aula nueva para pasar del modelo de hacinamiento o educación masificada a uno de educación personalizada, que brinde tanto calidad como seguridad. Por obvias razones no se ha modificado el marco jurídico que establece el número de estudiantes por profesor para minimizar riesgos de propagación cuyo foco sea la escuela.

Tampoco se ha hecho lo necesario para adecuar la Norma Técnica de Construcción 4595 a las condiciones que enfrenta el mundo frente a amenazas de aparición de nuevos y más letales virus que ameritarían que, como en muchas aulas de preescolar, cada salón tuviera su propio lavamanos y batería sanitaria.

Mucho menos se ha concebido proyectar y adecuar técnicamente los recintos donde se desarrollan las clases para que estos ofrezcan óptimas condiciones de ventilación, posean extractores y sistemas de renovación del aire que reemplacen a los tradicionales aires acondicionados que pueden posibilitar la recirculación del virus. Mucho menos se habla de medidores de CO2 e instalación de filtros HEPA. Dentro de los intereses y prioridades lo primordial no es la preservación de la vida.

Tampoco se ha hecho absolutamente nada para garantizar que las EPS y los contratistas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio incluyan dentro del Plan de Beneficios en Salud (PBS), como obligación a su cargo, la entrega de alcohol o jabón antibacterial y tapabocas N95 avalados por la norma técnica ASTM F3502-21, es decir, con al menos un 80% de eficiencia de filtro y fuga total hacia el interior no superior a un 5%. Tal responsabilidad pretende descargarse sobre docentes, colegios y padres, estos últimos en la mayoría de las ocasiones sin empleo.

Mucho menos se ha tocado la posibilidad de reconocer al COVID como enfermedad profesional a quienes pueden adquirir el virus en razón de ejercer profesiones de ciertos y elevados niveles de riesgo (por trato permanente con público), como ocurre con los docentes. Muy por el contrario la experiencia ha vuelto evidente que a los educadores que enferman y sobreviven se les revictimiza, en su fase de recuperación,  efectuándoles inmisericordes descuentos por nómina, como si enfermar fuera un acto reprobable y sancionable que dependiera de la voluntad de los profesionales de la educación.

Ni que decir, de los maestros y maestras que fallecen frente a los que ni las compañías aseguradoras les pagan las pólizas  por estos contratadas pues en la letra menuda de las mismas está especificado que las pandemias los eximen de su responsabilidad monetaria para con los familiares de los fallecidos, a quienes las secretarías de educación, tras su muerte (ahí si diligentemente) les nombran inmediatamente un reemplazo provisional extraído del Banco de Oferentes en donde los amos y señores son los políticos que ostentan credenciales.

Pero si por el lado de crear condiciones para el retorno a las aulas los políticos colombianos se han hecho los de la vista gorda y creen en su infinita estupidez que todo se soluciona con 2 lavamanos más por institución, con tapetes infuncionales y con termómetros que no miden a afebriles ni detectan a asintomáticos, por el lado de garantizar la prestación del servicio, a través de medios virtuales, la situación no puede ser más crítica.

Técnicamente se puede garantizar conectividad para el ocio en los parques de ciudades como la nuestra, pero para la educación no puede garantizarse gratuitamente esa misma conectividad y cobertura a barrios de estratos 1 y 2 donde miles de estudiantes desertaron del sistema público educativo por que el estado no les proporciona ni conectividad ni equipos para desarrollar sus clases.

Mientras en un país ‘más pobre’ como El Salvador se puede dotar de computadores a todos los estudiantes y en ciudades como Medellín se hace un esfuerzo orientado hacia ese mismo propósito, en Barranquilla, un bien sincronizado Comité de Aplausos de rectores vitorea a rabiar y ayuda al marketing político de una Ministra de las TICs que cree que entregar 20 computadores por escuela, dónde hay centenares de niños y jóvenes que los necesitan, es un acto merecedor de la Cruz de Boyacá o de que los barranquilleros la aclamen unánimemente como candidata a la alcaldía.

A pesar de que los rectores no han estado exentos de ser víctimas del COVID algo los impele a hacerle el juego a la secretaría de educación. Como bien lo anotara el fiscal de ADEA, Luis Grimaldo, ni las promesas ni los engaños anteriores les dejaron ninguna lección. Ya antes les prometieron recursos que nunca llegaron por embarcarse en el tema de aumento de cobertura e implementación de la jornada única. ¿Qué les estarán ofreciendo ahora para arriesgarse a tanto y arriesgar a tantos?

Por: Alberto Ortiz Saldarriaga

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