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Las organizaciones sociales de la región del Catatumbo rechazaron el decreto que dejaría sin trabajo a docentes que vienen laborando desde hace años en zonas afectadas por el conflicto armado, para ser reemplazados por profesores de otras regiones.

A través de un comunicado, las organizaciones manifiestan que el decreto 882 del 26 de mayo de 2017 abre la posibilidad de que los docentes que trabajan actualmente en la región sean reemplazados por educadores provenientes de otras regiones. Lo que según Juan Carlos Arias Hernández, veedor Ciudadano Comunal de Catatumbo, generaría un desplazamiento laboral.

Asimismo, los comunales aducen que el decreto deja en evidencia clara que fue una figura jurídica para desplazar del ámbito laboral a los docentes de las zonas rurales, incluso mediante prácticas deshonestas como el “fraude” ejecutado el día 4 de agosto de 2019 en los puntos donde se realizaron las pruebas en el departamento Norte de Santander, y que fue denunciado públicamente ante diversos medios de comunicación.

Por ese hecho, Luz Amparo Cardoso Cañizales, de la Comisión Nacional de Servicio Civil -CNSC-, se vio en la obligación de anunciar en el diario La Opinión, el día 7 de agosto de 2019, que la entidad iniciaba averiguaciones y solicitó explicaciones detalladas del tema a la Universidad Nacional de Colombia.

Las organizaciones también consideran que el contenido del decreto no fue socializado con las comunidades víctimas del conflicto armado, ni hubo representación de los docentes en la mesa de diálogo. Por eso, exigen al gobierno departamental y nacional que den un manejo con enfoque diferencial en el nombramiento en propiedad de los docentes de la región de Catatumbo.

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