Tras el cierre, por falta de protocolos de bioseguridad, de dos clínicas en Manizales que atienden a los usuarios de Cosmitet que afilia a los usuarios del magisterio, se han reactivado los pedidos de intervención pues desde la organización de Educadores Unidos de Caldas afirman que cada vez son más los compromisos contractuales que incumplen y los pacientes son los afectados.
“Nosotros hemos acordado una exigencia a las entidades de salud como la Territorial, la Secretaría de Salud, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, en el sentido de que entren a intervenir directamente a Cosmitet para que se investigue no solamente este hecho, sino el incumplimiento reiterado al contrato que se ha venido dando por parte de la entidad prestadora del servicio”. Dijo José Darío López Salgado, presidente de Educadores Unidos de Caldas – EDUCAL
Dice que días atrás habían hecho una solicitud a la Fiduciaria La Previsora, para que tomara acciones frente a las observaciones que señalan se tienen sobre el cumplimiento del contrato con Cosmitet.
“Ello se corrobora con lo acontecido en la presente semana y por eso solicitamos de parte de las entidades de control, que les garantice por lo menos a los maestros la atención y que empiecen las investigaciones correspondientes que conduzcan a las sanciones pertinentes a esta entidad que no ha mostrado una verdadera actitud de cumplimiento”. Indicó.
Afirma que la entidad les ha demostrado no tener un plan de contingencia y de respuesta para los servicios de hospitalización urgencias y cirugías, además de los requerimientos de laboratorio que también se realizaban en las clínicas que fueron cerradas.
“Hecha la consulta frente al comunicado que escribe Cosmitet, ellos nos manifiestan que no tienen una entidad donde les van a recibir a los pacientes para muestras de laboratorio, están pensando es en tomar las muestras, no sabemos donde porque esto lo tomaban en la Clínica Aman y remitirlas a la ciudad de Pereira, ello complica aún más el panorama”. Reiteró.
Actualmente entre docentes activos, pensionados retirados y beneficiarios suman aproximadamente 22 mil usuarios que hoy deben ser distribuidos en otros centros de atención.