Un juez de conocimiento en Bogotá dictó una sentencia de 16 años de prisión contra Carlos Eduardo Ochoa Moreno, abogado hallado culpable de encabezar una red de corrupción que permitió a 1.607 docentes de Cundinamarca acceder ilegalmente a la pensión gracia. La decisión se sustentó en las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, que revelaron el alcance del fraude, el cual causó un perjuicio económico al Estado de aproximadamente 34.000 millones de pesos.
Las investigaciones establecieron que, entre los años 2010 y 2014, Ochoa Moreno y su grupo utilizaron documentos falsificados para validar solicitudes fraudulentas de pensión. Las anomalías detectadas incluyeron la alteración de tiempos de servicio, la modificación de la edad de los beneficiarios y la omisión de pensiones previas ya otorgadas. Según el ente acusador, el abogado se encargó de gestionar reconocimientos y reliquidaciones de pensiones con historiales laborales adulterados y certificados salariales falsos. Estos documentos fueron utilizados en demandas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, logrando así la adjudicación indebida de pagos pensionales.
El fraude tuvo un impacto significativo en la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), entidad responsable del manejo de estas prestaciones. Además del desfalco de 34.000 millones de pesos, la Fiscalía identificó un peculado por 500 millones de pesos, cantidad que habría sido apropiada directamente por el abogado y sus colaboradores.
Como parte de la sentencia, se ordenó la captura inmediata de Ochoa Moreno para que cumpla su condena en un centro carcelario de Bogotá. Además, fue inhabilitado por 188 meses para ejercer funciones públicas y su profesión como abogado. También se le impuso una multa equivalente a 1.631 salarios mínimos legales vigentes en 2014.
A pesar del fallo, la defensa del condenado presentó una apelación, lo que podría derivar en una revisión del caso en instancias superiores. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar la posible participación de otros involucrados en la estructura delictiva.
