La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha ratificado la suspensión de un abogado por un período de tres años tras determinar su participación en un fraude que involucró el desvío de recursos públicos destinados a la educación en el departamento de Putumayo. Este caso, investigado por la Contraloría General de la República, expone el uso indebido de fondos provenientes del Sistema General de Participaciones.
El disciplinado recibió en su cuenta bancaria dos pagos significativos: uno de más de 93 millones de pesos, destinado supuestamente a cubrir reclamaciones administrativas de dos mujeres que finalmente no eran docentes, y otro de más de 47 millones de pesos dirigido a una persona privada de la libertad que no podía ser beneficiaria. Además, se descubrió que estas personas nunca otorgaron poderes de representación al abogado.
El acusado argumentó que fue engañado por una funcionaria de la Secretaría de Educación Departamental, quien lo contactó para gestionar pagos a favor de docentes con derecho a salarios provisionados. Sin embargo, las investigaciones revelaron que los pagos se sustentaron en documentos falsos, y el abogado no realizó los trámites legales correspondientes para validar las reclamaciones administrativas.
Tanto en primera como en segunda instancia, se concluyó que el abogado actuó de manera negligente y sin justificaciones válidas. La Comisión destacó que un profesional del Derecho debe actuar con diligencia y transparencia, especialmente cuando se trata de recursos públicos. Además, señaló que el abogado no restituyó los dineros consignados, lo que agravó su responsabilidad.
En el expediente señalaron aspectos clave, como que “si una persona y, en especial, un profesional del Derecho, recibe en su cuenta bancaria un valor de dicha magnitud sin mediar los trámites de ley, a sabiendas de que el dinero proviene de una entidad pública claramente identificada, resulta evidente que los recursos provienen de un movimiento abiertamente irregular”, según la magistrada ponente Magda Victoria Acosta Walteros.
Este caso pone en evidencia la importancia de la transparencia en la gestión de recursos públicos y la responsabilidad ética que recae sobre los profesionales del Derecho. La decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial refuerza la necesidad de garantizar que los recursos destinados a la educación lleguen efectivamente a quienes los necesitan y que cualquier irregularidad sea sancionada de manera ejemplar.
Las autoridades reiteran la importancia de fortalecer los controles en el manejo de los recursos públicos y de fomentar una cultura de integridad en el ejercicio profesional. Este caso sirve como recordatorio de que la corrupción no solo afecta las finanzas públicas, sino también el acceso a derechos fundamentales como la educación.