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El Gobierno no siguió los lineamientos técnicos para detallar cómo se repartirán 13 billones del presupuesto, dejando abierta la puerta para que dineros de infraestructura y de educación superior sean manejados al amaño del Ejecutivo.

Fuente: El Observatorio de la Universidad Colombiana

La historia nace con el decreto 2295, del pasado 29 de diciembre de 2023, mediante el cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como se acostumbra, debe detallar cómo se hará la ejecución del Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso de la República para 2024, mediante la Ley 2342 de 2023. Es decir, debe quedar explícito en qué rubros concretos se va a distribuir todo el presupuesto, en todas las áreas, a fin de darle validez a la ejecución presupuestal posterior.

El hecho es que el Ministerio de Hacienda eliminó de dicho decreto 108 rubros, que representan cerca de 13 billones de pesos, correspondientes a 65 proyectos del Instituto Nacional de Vías, 24 de la Agencia Nacional de Infraestructura, 11 del Ministerio de Educación y una serie de asignaciones en cabeza de Hacienda relacionadas con transporte masivo y sistemas férreos.

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Al parecer el Gobierno Nacional pretende asignar estos recursos bajo su criterio, pero el estatuto orgánico del presupuesto se lo prohíbe.

Algunos dicen que la afectación, especialmente en vías e infraestructura es una forma como el gobierno conseguiría un arma política para condicionar la asignación de millonarios recursos a regiones en las que políticamente no tiene respaldo electoral.

Lo cierto es que de continuar el error técnico, algunos sugieren que el presupuesto tendría que volver a ser aprobado por el Congreso.

Por ahora, para tratar de enmendar el tema, por lo menos en cuanto al Ministerio de Educación Nacional se refiere, el pasado 5 de febrero, el Ministerio de Hacienda expidió el decreto 103 de 2024 , con el cual “efectúa una modificación al anexo del Decreto de Liquidación contenido en el artículo 1 del Decreto 2295 de 2023, en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Educación para la vigencia fiscal 2024”, y se detalla que $1,2 billones (identificados originalmente como “Educación Superior Como un Derecho -Infraestructura”) se distribuirán así:

– “Mejoramiento de las condiciones de infraestructura de las instituciones de educación superior” (800 mil millones). 

– “Mejoramiento Integral de las Condiciones de Calidad de las Instituciones de Educación Superior (300 mil millones).

– “Fortalecimiento de las Universidades Estatales-Estampilla Pro Universidad Ley 1697 de 2013” (110 mil millones).

Pero, no obstante esto, el nuevo decreto no detalla cuáles son las IES que serán beneficiarias de estas acciones de mejoramiento y fortalecimiento, como se ha hecho en años anteriores, con lo que se mantienen las dudas con qué criterios se entregarán los recursos.

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César Asprilla Fundador y Director de la REEA, Magister en Gestión de las Tecnologías Educativas. Fans Page https://www.facebook.com/ceasmu1/ Contacto: +57 3006928728