Procuraduría calificó la falta como ‘gravísima’ y advirtió sobre la vulneración de los derechos de los estudiantes.
La Procuraduría General de la Nación ha puesto en evidencia un preocupante fenómeno en el sector educativo: la presunta falsificación de títulos universitarios por parte de docentes que ejercían sin la formación requerida. Los casos detectados han generado indignación en la comunidad académica y en los padres de familia, quienes exigen medidas contundentes para evitar que esta situación se repita.
Este escándalo no solo afecta la confianza en el sistema educativo, sino que también pone en entredicho los mecanismos de control y verificación de credenciales en las entidades encargadas de contratar docentes. La falta de rigurosidad en estos procesos ha permitido que personas sin la preparación adecuada accedan a cargos de enseñanza, comprometiendo la calidad de la educación y vulnerando el derecho de los estudiantes a recibir formación de profesionales idóneos.
Caso en Santa Marta: una falta «gravísima»
En Santa Marta, el escándalo estalló tras descubrirse que al menos tres docentes presentaron diplomas fraudulentos para ser contratados en instituciones oficiales. Entre ellos, Carmen Elena Perozo Pérez, quien actualmente hace parte de la Secretaría de Educación Distrital. La investigación de la Procuraduría reveló que el diploma que entregó, supuestamente otorgado por la Universidad del Atlántico, en realidad correspondía a otro profesional titulado en 2017.
La gravedad del hallazgo ha llevado al Ministerio Público a calificar la falta como «gravísima» y a ordenar la suspensión provisional de la docente. Además, otros dos educadores, Roberto Carlos Núñez y María del Carmen Ceballos Redondo, también fueron suspendidos en mayo de 2024 por hechos similares, generando una crisis de confianza en el gremio docente.
Bogotá: docente del Colegio La Merced investigada
En la capital del país, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra Yancelly Leal, docente adscrita a la Secretaría de Educación de Bogotá, por el presunto uso de títulos falsos. La investigación busca esclarecer si Leal presentó documentos apócrifos para acreditar su formación como Ingeniera Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y como Especialista en Pedagogía y Docencia de la Fundación Universitaria del Área Andina.
La Procuraduría Segunda Distrital analiza si con esta acción, la docente vulneró los principios de moralidad pública, responsabilidad y transparencia. En este caso, el organismo de control también consideró la falta como «gravísima» y la atribuyó a título de dolo.
Indignación y preocupación en la comunidad educativa
Estos casos han generado un fuerte impacto en la opinión pública. Padres de familia y estudiantes expresan su preocupación por la calidad de la educación que han recibido de docentes que, presuntamente, no tenían la preparación necesaria.
«Nos sentimos traicionados. Confiamos en que nuestros hijos estaban en manos de profesionales capacitados, pero ahora no sabemos cuántos más podrían estar en la misma situación», expresó Luis Fernández, padre de familia en Santa Marta. Por su parte, María Contreras, madre de una estudiante de bachillerato, cuestionó: «Si no estudiaron lo que dicen haber estudiado, ¿con qué calidad estaban enseñando?».
Los docentes también se han pronunciado, manifestando su preocupación por el impacto de estos hechos en la imagen del gremio. «Es lamentable que la falta de unos pocos afecte la reputación de quienes hemos trabajado arduamente para obtener nuestros títulos y capacitarnos constantemente», afirmó un maestro que prefirió no revelar su nombre.
Fallas en el sistema de contratación y necesidad de controles más rigurosos
Estos casos han puesto en evidencia deficiencias en los procesos de selección y verificación de credenciales académicas de los docentes. Expertos en educación han señalado la necesidad de implementar filtros más rigurosos para evitar que personas sin la debida formación accedan a cargos de docencia en instituciones oficiales.
«En Colombia, existen mecanismos de control, pero en muchos casos se quedan en el papel. Es fundamental fortalecer la verificación de documentos al momento de contratar docentes, ya que esto impacta directamente en la calidad educativa del país», explicó Carlos Mejía, especialista en educación.
Ante la gravedad de los hechos, la Procuraduría ha reiterado su compromiso de continuar con las investigaciones y sancionar a quienes hayan incurrido en la falsificación de documentos. Mientras tanto, la comunidad educativa espera que las autoridades implementen medidas eficaces para evitar que casos como estos se sigan presentando y garantizar que los estudiantes reciban una educación de calidad, impartida por profesionales verdaderamente capacitados.
