Los rectores serán procesados por los delitos de: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, y peculado por apropiación.
Por: Revista Semana
En la tarde de este viernes, 14 de abril, fueron capturados rectores de colegios públicos y cuatro contratistas por la Unidad Anticorrupción de la Dijín.
De acuerdo con La Contratopedia Caribe, los funcionarios fueron retenidos por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos en instituciones educativas ubicadas en zonas vulnerables de Cartagena.
La plataforma reveló que los rectores capturados fueron identificados como: Juan Carlos Castillo Castilla, por hechos ocurridos cuando era rector de la Institución Educativa de Bayunca. Robinson Orozco Quejada, investigado por hechos ocurridos cuando fue rector de los colegios Luis Carlos Galán y Fredonia. El tercer funcionario es Remberto Navas Moreno, rector del colegio San Felipe Neri.
Los rectores serán procesados por los delitos de: contrato sin cumplimiento de requisitos legales Falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.
“La Contratopedia Caribe conoció en primicia que las autoridades lograron establecer que ninguno de los contratos se ejecutó a cabalidad. El detrimento es calculado en $500.000.000. Los recursos hacían parte del presupuesto anual de cada plantel”, indicó la plataforma.
Por otro lado, la identidad de los contratistas también fue revelada y según la plataforma, corresponden a: Hernando Vargas Morales. Luz Emilia Montalvo Castellano. Ubiter Álvarez Padilla. Enoelia García Flórez.
Los detalles revelados por La Contratopedia Caribe, indican que Vargas Morales, habría usado un diploma de abogado que, según las autoridades, es falso; además, firmó contratos como asesor jurídico con el colegio de Bayunca y con el San Felipe Neri.
A esto se le suma que con los otros planteles su contratación fue vía Corplimax SAS, empresa de la cual él es representante legal.
“La Contratopedia revisó el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) y le encontró a Vargas seis contratos que suman $72.380.000. Tres de esos contratos son con el colegio de Bayunca y los otros tres con la Gobernación de Bolívar; el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (Ider) y la Escuela Superior de administración Pública sede Cartagena”, indicó la plataforma.
Igualmente, revelaron que los contratos para la institución del corregimiento de Bayunca, corresponden a una suma de $23.100.000, adjudicados “a dedo”, entre el 2020 y el 2021; estos documentos tenían como objeto: prestar servicios de abogado para apoyar jurídica y administrativamente al colegio en sus procesos de contratación.
Con la información suministrada, la plataforma informó que Vargas será judicializado por los delitos de: falsedad ideológica en documento privado, peculado por apropiación y contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
Con respecto a Montalvo Castellano, dieron a conocer que tuvo tres contratos que suman $46.547.000. En el caso de Álvarez Padilla, los datos del Secop muestran dos contratos por $32.640.000. Y la funcionaria García Flórez, estaría relacionada con la firma de dos contratos de suministro de cartillas que suman $33.987.300.
Tres rectores activos y cuatro contratistas fueron capturados en Cartagena este viernes en un operativo de la Unidad Anticorrupción de @DIJINPolicia, por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos en instituciones educativas de zonas vulnerables de esa capital.
— La Contratopedia Caribe (@LaContratopedia) April 14, 2023
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Ante estas capturas, la secretaria de Educación Distrital, Olga Acosta, manifestó que siendo coherentes con la consigna de cero tolerancia a la corrupción del Gobierno, “apoyamos y somos respetuosos de la labor de los órganos de control y vigilancia y entes judiciales frente a este lamentable caso que involucra a tres rectores de instituciones educativas oficiales del Distrito”.
Asimismo, aseguró que estarán a la espera de que se esclarezcan los hechos “y que los responsables asuman las consecuencias de los actos de los que presuntamente son responsabilizados por los entes de investigación del Estado”.
“Reiteramos que confiamos en que cada una de las personas involucradas en esta investigación, y cobijadas bajo las medidas judiciales ya conocidas, puedan explicar ante las autoridades competentes sus actuaciones y que sean estas mismas autoridades las que lleguen a la verdad de estos hechos para bien de nuestra sociedad que merece que los recursos públicos”, concluyó Acosta Amel.
