By La Ultima
Una madre de familia denunció públicamente a una docente de una institución educativa en Neiva por haber retenido el teléfono celular de su hija durante varios días, incluido el fin de semana, lo que, según la denunciante, constituye una acción arbitraria y sin justificación válida. Aún no hay normativa unificada, pero la Corte Constitucional y la ley establecen pautas sobre el debido proceso y el uso regulado de las tecnologías en las aulas; lo que abre un debate sobre los límites legales y pedagógicos del decomiso de dispositivos móviles en entornos escolares.
Según el testimonio de la madre, la estudiante no estaba haciendo un uso inapropiado del dispositivo en el momento en que fue decomisado. A pesar de ello, la profesora no devolvió el celular el mismo día ni al finalizar la jornada escolar, sino que lo retuvo durante varios días, lo que impidió a la menor tener acceso al dispositivo incluso en el entorno familiar. La madre considera que la medida fue excesiva, desproporcionada y violatoria de los derechos de la estudiante.
El incidente ha generado preocupación entre padres de familia y ha reabierto el debate sobre los límites de la autoridad docente en el control del uso de dispositivos móviles en las aulas, especialmente en un contexto donde no existe una normativa nacional unificada sobre el tema.
William Alvis, abogado constitucionalista y administrativo fue consultado por LaÚltima.com.co sobre este tipo de situaciones, afirmó que la legalidad de una medida como el decomiso de un celular depende de si está respaldada por un reglamento institucional claro. “El uso de dispositivos móviles en clase, si no está autorizado por el reglamento interno, puede ser restringido. Si el reglamento establece sanciones como el decomiso temporal, y se sigue el debido proceso, no habría lugar a una falta por parte del docente”, explicó Alvis.
Sin embargo, el abogado también recalcó que en caso de no existir un reglamento específico o de que la sanción se aplique de manera arbitraria, podría configurarse una falta disciplinaria por parte del personal docente o administrativo. “Lo fundamental es que las instituciones educativas cuenten con normas claras, previamente comunicadas a la comunidad educativa, y que estas se apliquen de manera proporcional y respetando los derechos de los estudiantes”, añadió.
La Corte Constitucional ha establecido lineamientos sobre la regulación de la disciplina en las instituciones educativas. En la Sentencia T-967 de 2001, la Corte señaló que los colegios tienen autonomía para establecer reglas internas, siempre y cuando estas respeten el debido proceso y los derechos fundamentales de los estudiantes. Además, deben estar claramente formuladas, ser conocidas por todos los miembros de la comunidad educativa y aplicarse con proporcionalidad.
Por su parte, la Ley 2170 de 2021 autoriza el uso de dispositivos móviles en entornos escolares, y encarga al Ministerio de Educación Nacional la elaboración de orientaciones técnicas sobre su uso en los niveles de preescolar, básica y media. Hasta la fecha, dichas orientaciones aún no han sido expedidas, aunque, según informó la cartera de Educación, se están adelantando mesas técnicas para definir estos lineamientos.
En ausencia de una regulación nacional específica, cada institución educativa establece sus propias reglas respecto al uso de celulares y otros dispositivos electrónicos. Sin embargo, especialistas en educación y derecho coinciden en la importancia de que estos reglamentos estén debidamente documentados y sean socializados con estudiantes, docentes y padres de familia.
“Los celulares pueden ser una herramienta valiosa en el aula cuando se utilizan como apoyo pedagógico, pero también pueden ser un distractor si no se manejan con criterios claros”, indicó Alvis. “No es descabellado que un reglamento contemple sanciones como el decomiso por uno o varios días si el celular es usado indebidamente en clase, pero eso debe estar explícitamente estipulado”.
El uso adecuado de las herramientas tecnológicas en los entornos escolares es considerado una responsabilidad compartida entre el Estado, las instituciones educativas y los padres de familia. En este sentido, expertos hacen un llamado a fortalecer los canales de comunicación entre docentes y padres para evitar malentendidos y fomentar una cultura de uso responsable de la tecnología.
Por ahora, el caso continúa generando discusión en la comunidad educativa, en espera de que la institución involucrada se pronuncie sobre si existe un reglamento que respalde la actuación de la docente y si se respetaron los principios del debido proceso al imponer la medida disciplinaria.
Mientras tanto, el debate sigue abierto: ¿hasta qué punto puede un docente retener un celular?, ¿qué límites deben respetarse?, y ¿qué pasa cuando no hay reglas claras? Son preguntas que, más allá de este caso puntual, revelan una necesidad urgente de establecer políticas claras, coherentes y respetuosas de los derechos de los estudiantes en todo el sistema educativo.
¿Se trató de una medida pedagógica legítima o de un exceso por parte de la docente? La respuesta aún no es clara, pero el caso ha encendido un debate que va más allá de un solo celular.
