Las intimidaciones se han agudizado en dos municipios del departamento donde el 50% de los educadores reportan extorsiones e intimidaciones.
Solo en Aracataca, centro del Magdalena y Ariguaní, sur del departamento, más del 50% de los maestros indican haber sido víctima de llamadas intimidades a nombre de estructuras delincuenciales como ‘Las Águilas Negras’, ‘El Clan del Golfo’ y las disidencias de las Farc. En las comunicaciones les exigen entregar cuantiosas sumas de dinero a cambio de respetar sus vidas y las de sus familiares.
La comisión de derechos humanos del sindicato Edumag, considera que este fenómeno se incrementa en la medida en que por razones de contingencia para impartir las clases y no perder comunicación con los estudiantes, han dado sus números de teléfonos, sin embargo, la filtración en una base de datos donde aparecen nombres, dirección e incluso sus redes sociales, agravó la situación.
“Fuimos objeto de llamadas extorsivas e intimidantes, eran unas amenazas en tonos bastantes fuertes donde ofrecían hacerle daño a nuestros allegados. Esta situación inquietó mucho al magisterio en otras zonas como Concordia, Santa Bárbara de Pinto, Santa Ana y San Zenón”, dijo Georgina Arroyo, vicepresidenta de Edumag.
Jonathan Espitia, comandante del Gaula en Santa Marta explicó que, luego de interceptaciones telefónicas descubrieron que las llamadas salían de la cárcel ‘La Tramacúa’ de Valledupar. “Una persona llamó a varios docentes y se hacía pasar por alto mando de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y de las guerrillas de las Farc”, comentó el uniformado.
Las llamadas buscaban un supuesto financiamiento para el traslado de un personal desde el Urabá hasta el Magdalena, y en otros casos le decían que necesitaba armamento y municiones para la estructura delincuencial a la que pertenecía.
“Por la base de datos a la que tuvieron acceso también enfocaban las llamadas en Santa Marta. Los docentes amenazados recientemente no pagaron las extorsiones, caso contrario a lo que ocurrió el año pasado al inicio de la pandemia donde pagaban sumas de $3 a $4 millones de pesos”, dijo Espitia.
El capitán agregó que este tipo de amenazas no solo van en contra de los educadores, sino que también viene afectando al gremio de comerciantes, por lo que recordó la campaña ‘Yo no pago, yo denuncio’, como una estrategia de desmantelar las modalidades de intimidaciones y solicitudes de dinero.
