Por esta razón, el Defensor del Pueblo le extiende un llamado al Gobierno Nacional: el Ministerio de Educación, en articulación con los territorios, debe trabajar en el fortalecimiento de las rutas de atención integral. Entre enero y febrero de este año en Colombia, 70 menores habrían sido víctimas de delitos sexuales en entornos escolares. Carlos Camargo Assis se refirió al caso de un presunto abuso a una niña en la localidad Bosa, en el sur de Bogotá.
Para la Defensoría del Pueblo, continúa siendo preocupante el panorama relacionado con los casos de presunto abuso sexual reportados en entornos escolares y en otros escenarios que deben ser seguros para niñas, niños y adolescentes (NNA), como sus hogares.
“Es supremamente grave que entre enero y febrero de este año el Instituto de Medicina Legal haya reportado que 70 menores de edad habrían sido víctimas de abuso sexual en espacios educativos. Como también es grave que cada día de esos mismos meses fueron realizados 43 exámenes medicolegales por presunto abuso sexual de niñas, niños y adolescentes”, manifiesta el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
De manera particular, la Defensoría rechaza los casos reportados durante los últimos días en colegios de Bogotá, en donde una niña de seis años habría sido víctima de acoso escolar y al parecer, posteriormente, de violencia sexual; y el caso de una niña de cinco años, que habría sido abusado sexualmente por otro compañero en un colegio en la localidad Bosa.
“A través de nuestra Delegada para la Infancia y la Juventud hicimos presencia en el colegio Ciudadela Educativa de Bosa, en donde solicitamos que sean adelantadas todas las acciones jurídicas y administrativas necesarias para investigar los hechos; precisamente conocimos sobre el retiro de la rectora y la docente a cargo del cuidado de los dos menores de edad relacionados en el caso”, dijo Camargo Assis.
La Defensoría ha acompañado y dispuesto de toda su capacidad institucional a los padres de la niña, y ha hecho presencia en el Puesto de Mando Unificado, con el fin de avanzar en un plan de acción para el restablecimiento de los derechos de las víctimas. La entidad de derechos humanos, igualmente, acompaña a toda la comunidad educativa, sobre todo a los padres y estudiantes, para que las autoridades escuchen su pliego de peticiones.
“Pedimos celeridad en las investigaciones de los casos, pero también, el llamado es a los padres, madres, cuidadores, docentes y directivas en instituciones educativas: refuercen las acciones de protección para que los centros educativos del país sean espacios seguros para la niñez y adolescencia”, señala el Defensor del Pueblo.
Carlos Camargo Assis, así mismo, hace un llamado al Ministerio de Educación “para que, de manera conjunta con los territorios, fortalezca las instancias y competencias según la ruta de atención integral, ante la sospecha, denuncia o evidencia de situaciones de riesgo y afectación de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes”.
Centros educativos, determinantes en la prevención
Además, les pide a las instituciones educativas promover estrategias de educación permanentes que les permitan a NNA identificar comportamientos abusivos y anormales, con la finalidad de prevenir cualquier forma de violencia sexual en su contra.
El Defensor también dijo que es primordial revisar y analizar a tiempo los datos registrados en el ‘Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar’ (Siuce): “Porque es de suma importancia identificar y clasificar las situaciones que generan violencia escolar y ponen en riesgo la vida y la integridad de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1620 de 2013, con la cual se crea el ‘Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar’”.
Familia, sociedad y Estado, claves en construcción de espacios seguros
La infancia y adolescencia tienen derecho a desarrollar su crecimiento en espacios seguros, con la plena garantía de sus derechos, es por ello que ante cualquier signo de alarma se debe actuar con rapidez y activar las rutas según corresponda.
“Prevenir, detectar y abordar este tipo de violencias permite aportar a una mayor garantía de derechos, y la familia, la sociedad y el Estado deben aunar esfuerzos para construir escenarios confiables para la infancia. Escuelas y colegios deben ser entornos seguros y no de violencia y abuso sexuales”, afirma el Defensor del Pueblo.
El informe de la Defensoría del Pueblo
En el informe ‘Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes: análisis de la respuesta estatal’, publicado el año anterior, la Defensoría les solicitó a diferentes entidades realizar acciones integrales con enfoque de género y territorial, ya que el fin es darles respuestas oportunas a los hechos de violencia sexual contra menores de edad.
Camargo Assis insiste en el llamado a las entidades responsables de la ruta de atención a niñas y niños víctimas de violencia sexual: “Atiendan adecuadamente los procesos de restablecimiento de derechos de las víctimas y el acceso a la justicia, y consideren a la niñez y adolescencia actores legítimos en relatos de violencia sexual en el país. Y a padres, madres y cuidadores, estén alertas ante cualquier signo de alarma y créanles a los menores de edad cuando les comenten cualquier riesgo o sospecha de algún hecho consumado”.
