El pasado 23 de enero se llevó a cabo el primer Comité de Maestros Amenazados de Antioquia en 2025, con la participación de la comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA). Durante la sesión, se presentó un balance preocupante sobre la seguridad de los docentes en el departamento.
Según el informe del comité, en 2024 un total de 111 docentes y directivos tuvieron que acogerse a medidas de protección debido a amenazas. De estos, 105 ya han sido trasladados o reubicados, mientras que tres aún están en proceso de gestión y otros tres están a la espera de una ubicación por parte de la Secretaría de Educación.
La tendencia de este año sigue siendo alarmante. En lo que va de 2025, ya se han reportado seis nuevos casos de maestros que han debido acogerse a medidas de protección por amenazas o desplazamiento forzado.
Además, se destacaron hechos especialmente lamentables ocurridos en la subregión de Urabá y en el municipio de Fredonia. En Urabá, un docente perdió la vida en circunstancias que están siendo investigadas, mientras que en Fredonia se reportó un atentado contra docentes que se desplazaban hacia sus instituciones educativas.
Estos hechos evidencian la necesidad urgente de fortalecer las medidas de protección y respuesta inmediata para los educadores. Las amenazas provienen de diversos actores, desde miembros de la comunidad educativa hasta grupos armados al margen de la ley, lo que expone a los docentes a situaciones de extorsión, hostigamiento e intimidación.
El sindicato reiteró su compromiso con la seguridad de los docentes, recordando que las rutas de atención incluyen acompañamiento directo por parte de la organización y coordinación con la Gobernación de Antioquia. Además, se enfatizó que el Decreto 1782 permite a los maestros y directivos docentes acogerse al comité en sus respectivas entidades territoriales certificadas en educación cuando las amenazas están relacionadas con el ejercicio de su labor.
Es fundamental que los docentes que se sientan en riesgo acudan a la sede del sindicato, donde recibirán asesoría y apoyo para activar las rutas de protección. Asimismo, se hizo un llamado a la articulación con secretarías de Educación municipales, personerías locales y la Defensoría del Pueblo para garantizar la seguridad y reubicación de los docentes afectados.
Desde la organización sindical se insiste en que la prioridad es proteger la vida de los maestros y asegurar la continuidad de la educación en entornos seguros. El sindicato mantiene abiertas sus líneas de contacto para atender cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad e integridad de los educadores y sus familias.
