Este proyecto de ley propone beneficios tributarios para atraer inversión de empresas y abre la puerta para que los otros municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá puedan acceder a los beneficios de este distrito especial.
En el inicio de la última legislatura de este Congreso, se abre paso un nuevo proyecto de ley enfocado en los antioqueños que busca dotar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín de las facultades, instrumentos y recursos legales para promover su desarrollo integral y establecer su régimen político, administrativo y fiscal. Una propuesta alineada con uno de los propósitos y propuestas de campaña del alcalde Daniel Quintero para hacer de la ciudad un “valle del software” referente en estos temas.
Esta iniciativa presentada por los representantes a la Cámara por Antioquia Julián Peinado y John Jairo Roldán, de la mano de la Alcaldía de Medellín, obedece a la reglamentación del Acto Legislativo No. 01 de 2021 aprobado por el Congreso en el primer semestre del año y promulgado el pasado 14 de julio por el presidente Iván Duque “por el cual se otorga la calidad de distrito especial de ciencia, tecnología e innovación a la ciudad de Medellín y se dictan otras disposiciones”.
Entonces, ¿por qué se necesita un nuevo proyecto de ley? Al respecto, el representante antioqueño Julián Peinado, uno de los autores de esta iniciativa explica que “en el Acto Legislativo ya aprobado logramos que Medellín constitucionalmente se convirtiera en un distrito especial y eso es un paso importante, pero para hacer realidad ese hecho se necesita establecer fuentes de financiación, la forma cómo va a funcionar esto de la mano de las entidades del Gobierno nacional y la creación de políticas locales enfocadas a hacerlo viable, entre otras. Esos puntos, esa forma en cómo se va a materializar ese distrito, es lo que estamos planteando en este proyecto de ley”.
Los puntos principales de esta iniciativa son:
- Se brindan atribuciones especiales al distrito de Medellín para participar en el desarrollo de políticas públicas en Ciencia Tecnología e Innovación CTi a nivel local y nacional.
- Se propone crear:
- El Fondo Distrital para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
- El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación y Reindustrialización con la participación de actores clave de la ciudad y el país.
- Se formulan estímulos tributarios en el impuesto de renta, ICA y complementarios para atraer la inversión de empresas de los sectores de CTi que quieran establecerse en el territorio.
- Para crear mecanismos alternativos de financiación se plantea:
- La creación de la estampilla Pro-Innovación para financiar el fondo de CTi, proveniente de un 1 % de la contratación pública directa del Distrito.
- Poder acceder a recursos de regalías y de cooperación internacional.
- Pretende crear un CONPES para impulsar los proyectos de inversión que requiera el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para cumplir su vocación.
- Abre la posibilidad para que los municipios que forman parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá accedan a los beneficios de esta ley, mediante un acuerdo municipal.
- Se propone convertir a Telemedellín en un canal regional según las disposiciones de la ANTV, con el objeto de difundir y ampliar el conocimiento sobre la ciencia la tecnología y la innovación.
- Establece que entidades relacionadas con estos temas como Innpulsa, Procolombia, los Ministerios de Ciencia, Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, de Educación, y de Comercio, Industria y Turismo deban tener sedes administrativas en Medellín con tal de facilitar la gestión para los emprendedores y promotores de ciencia y tecnología.
- El Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín contará con un plazo de cuatro (4) años a partir de la promulgación de esta ley para asumir las nuevas funciones acordes con su naturaleza.
Se espera que esta iniciativa reciba el respaldo de la bancada antioqueña del Congreso y el aval del Gobierno Nacional, específicamente del Ministerio de Hacienda, para que se convierta en ley antes del final de la nueva legislatura.
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