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Las millonarias irregularidades detectadas en el fondo de prestaciones del magisterio

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Falencias en el pago oportuno de servicios de salud, de cesantías, en fallos y conciliaciones hacen parte de los hallazgos de la Contraloría General de la República en dos auditorías fiscales frente al pago de pensiones, cesantías y servicios médicos a docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

En total, el órgano de control detectó hallazgos fiscales por 351.628’289.936 pesos.

“Del total, cerca de $ 321 mil millones están relacionados con el pago de intereses moratorios por pagos de servicios de salud a los docentes en las diferentes zonas del país; y cerca de 18 mil millones se relacionan con el pago extemporáneo de prestaciones sociales, principalmente el pago extemporáneo de las cesantías”, señaló Andrey Geovanny Rodríguez, contralor delegado para el Sector Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura.

Resultados de las dos auditorías

La primera auditoría de la Contraloría se hizo durante el primer semestre de 2023, y se analizó la gestión del Fomag durante la vigencia 2022. Esta evaluación encontró 15 hallazgos, de los cuales 12 tienen presunta incidencia disciplinaria, cuatro hallazgos con incidencia fiscal por $125.669 millones.

También se documentaron otros dos hallazgos con otro tipo de incidencia por la falta de constitución de reservas técnicas, los cuales se enviarán a la Supersalud.

Frente a los de incidencia fiscal, el órgano de control señaló que uno corresponde a la inoportunidad en la cancelación de facturas de servicios médicos, generando el pago de intereses moratorios por $116.104 millones.

Otro hallazgo es por el pago extemporáneo de 5.772 solicitudes de cesantías parciales y/o definitivas a docentes en la vigencia 2022, lo cual ocasionó sanciones moratorias por 6.706 millones de pesos; en tercer lugar, por el pago inoportuno de fallos y conciliaciones se cancelaron intereses moratorios por 2.741 millones de pesos.

El cuarto hallazgo tuvo que ver con mayores valores pagados por concepto de pensiones, cesantías y sanciones por mora, en lo cual se habrían lesionado recursos públicos por el orden de $118’338.005.

En la segunda auditoría fiscal, que se realizó durante el segundo semestre de 2023, se verificó la gestión fiscal del Fomag entre 2019 y el primer semestre de 2023, encontrando 8 hallazgos, todos con presunta incidencia disciplinaria, de los cuales 6 adicionalmente tienen incidencia fiscal por $ 225.958 millones, y uno tiene otra incidencia que será trasladada a la Dian por la falta de retención en la fuente por los pagos de laudos.

Los hallazgos fiscales de la segunda auditoría se relacionan con pagos inoportunos de facturas de servicios médico-asistenciales, los cuales llevaron a tener que pagar intereses moratorios en 5 laudos arbitrales por 205.577 millones de pesos.

La Contraloría también encontró pago de sanciones moratorias por el pago extemporáneo de cesantías por $ 11.089 millones, y pago de intereses moratorios por $8.280 millones por el incumplimiento de tiempos para el pago de fallos y conciliaciones de sanción mora por cesantías y de fallos de pensiones.

Finalmente, se identificaron 210 pagos de mesadas pensionales posteriores a la fecha de fallecimiento de 19 docentes y beneficiarios por $ 771.162.871.

Por todo esto, el órgano de control calificó como ‘incumplimiento material con conclusión adversa’ la gestión fiscal, y como ‘ineficiente’ el mecanismo de control interno.

“Nos preocupa la situación que se presenta en el Fomag por el nivel de hallazgos fiscales que se están generando”, señaló al respecto el contralor Rodríguez.

La entidad sostuvo que los ejercicios de control fiscal permitieron ver que habría una presunta corresponsabilidad de Fiduprevisora, como administradora del Fomag, y de las entidades territoriales, por lo cual hizo un llamado para que se desarrollen mecanismos que solucionen las situaciones evidenciadas y se adopten mecanismos para evitar que se sigan presentando pagos por estos conceptos.

“Hacemos una invitación a mejorar los procedimientos, a que hagan más eficaz la administración de los recursos públicos y se eviten las lesiones al patrimonio de los colombianos”, concluyó el contralor delegado para el Sector Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura.

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