La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación por presuntos actos de corrupción relacionados con el manejo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), entidad encargada de garantizar el acceso a los servicios de salud de los docentes en Colombia.
La apertura de esta noticia criminal responde a denuncias sobre el posible desvío de recursos públicos, triangulación de contratos y otras irregularidades detectadas en la contratación del servicio de salud para los maestros. La investigación fue impulsada, entre otros, por el especial periodístico “Laberinto de los dineros de la salud” de W Radio, que evidenció graves anomalías financieras.
La Fiscalía ha designado un grupo especializado integrado por fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción y de la Delegada contra las Finanzas Criminales. Este equipo tendrá a su cargo las diligencias iniciales, que incluirán inspecciones, entrevistas y análisis contables, con el fin de determinar responsabilidades.
En paralelo, la Contraloría General de la República ha reportado hallazgos fiscales por más de $436 mil millones en el Fomag durante 2023 y 2024. Además, indicó que hay 522 investigaciones abiertas por malos manejos de recursos en el sector salud, por un total de $11 billones de pesos.
El caso tomó mayor relevancia pública luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, publicara en su cuenta de X una lista de nombres y entidades presuntamente vinculadas con la red de corrupción. Entre ellos, destacan Laura Sarabia, actual canciller de Colombia, y el abogado penalista Mauricio Pava, exasesor jurídico del presidente Gustavo Petro.
En respuesta, Mauricio Pava defendió su trayectoria, recordando su papel en el caso de corrupción del Fomag en Córdoba en 2015, cuando se judicializó el desvío de más de $64 mil millones. Pava compartió además un documento de la Fiscalía que respalda su participación activa como apoderado en ese proceso.
Aunque por ahora no se han anunciado imputaciones formales, las autoridades avanzan en el diseño de un programa metodológico que definirá la ruta de investigación. El objetivo es verificar si los recursos destinados a la salud del magisterio fueron desviados hacia terceros, vulnerando la normatividad vigente.
