Por César Asprilla
Periodista y docente investigador
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) emitió una carta abierta dirigida al presidente Gustavo Petro, en la que convoca a una movilización nacional el próximo 11 de junio para exigir una Ley de Competencias que reglamente el Sistema General de Participaciones (SGP) y garantice la materialización de derechos fundamentales como la educación, la salud y el acceso al agua potable.
La misiva, firmada por el presidente del gremio, Domingo José Ayala Espitia, y la secretaria general, Ruth Mariela Fernández M., enfatiza que la reglamentación del Acto Legislativo 03 de 2024 representa una oportunidad histórica para superar el modelo impuesto desde los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, y construir un verdadero Estado Social de Derecho.
“La financiación que garantiza la universalización progresiva de derechos debe entenderse como un derecho y no como un favor condicionado a intereses regionales”, señala el comunicado.
Exigencias de FECODE
En su pronunciamiento, el magisterio colombiano plantea una serie de exigencias clave para la reglamentación de la nueva Ley de Competencias, entre ellas:
- La priorización de recursos para educación, salud y agua potable desde el 2027.
- Establecer un porcentaje fijo para educación dentro del SGP que permita mejorar infraestructura, ampliar la jornada única, y fortalecer el bienestar estudiantil.
- Garantizar la financiación de plantas docentes, directivos y administrativos para que los servicios educativos puedan funcionar adecuadamente.
- Ampliar el número de supervisores educativos y crear redes de apoyo regionales.
- Cerrar brechas entre territorios PDET, ZOMAC y zonas con prevalencia étnica.
- Fortalecer la participación comunitaria en la planeación y ejecución del gasto público.
Un llamado al Gobierno del Cambio
FECODE reconoce la disposición del gobierno Petro hacia el diálogo, pero insta a que el proceso de reglamentación sea liderado directamente por el Ejecutivo nacional, con participación amplia de comunidades educativas, organizaciones sociales, alcaldes, gobernadores y diversos actores territoriales.
“El sentir del magisterio es potencia mundial de la vida, caminamos juntos en este propósito”, concluye la carta.
La jornada nacional de protesta se anuncia como una movilización por la defensa de la educación pública y la justicia social en el país, en un momento clave de transformación estructural del sistema de financiación estatal.
