Diecisiete meses de prisión deberá pagar José Alirio Cabrera Cuéllar, exrector de la institución educativa Consanza en Timaná, por el delito de acoso sexual contra la docente Patricia Imbachí España. Ocho años después y cuando la víctima había perdido las esperanzas, finalmente se hizo justicia.
Fuente: Diario del Huila
Ocho años tuvieron que pasar para que la justicia sentenciara a 17 meses de prisión al exrector de la institución educativa Consanza en Timaná, José Alirio Cabrera Cuéllar, por el delito de Acoso Sexual contra la docente Patricia Imbachi España. La sentencia de primera instancia fue proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pitalito, Huila.
Patricia Imbachí España, docente huilense y víctima de este caso, recibió la noticia en los Estados Unidos, donde participa en una experiencia de intercambio como profesora de inglés. «Casualmente hoy se cumplen ocho años desde que llegué a trabajar por primera vez a la Institución Educativa Consanza, en la zona rural del municipio de Timaná, un 14 de septiembre de 2015. Desde ese primer día que me presenté a laborar, empezó una historia de acoso por parte del entonces rector», relató Patricia.
«Él intentó sobrepasarse conmigo, y como no accedí a sus pretensiones, comenzó a acosarme también laboralmente. Me negó la posibilidad de adelantar mis estudios de maestría en la ciudad de Neiva, me presionaba negándome permisos, horas de salida y muchas otras cosas que un rector puede hacer al ser el jefe inmediato», continuó Patricia. Esta situación se prolongó durante todo el 2015 y el 2016 en los que trabajó allí.
La gota que rebosó la copa fue cuando Patricia se dio cuenta de que esta situación no estaba ocurriendo solo con ella, sino también con algunas estudiantes. Decidió no callar y denunció. «A pesar de que sabía que iba a renunciar, no quería que eso se quedara así», expresó.
«Después de todo este tiempo, aquí estoy, recibiendo la notificación de que se ha pedido condena en el caso de este señor. No fue fácil; estuve muchas veces a punto de ‘tirar la toalla’. Esto era un capítulo que quería cerrar, ya que recordarlo a menudo me hace sentir mal. Hoy siento que me he quitado un peso grande de encima y creo que por fin me escucharon. Hasta este año (2023), solo había rendido testimonio y había estado contando la situación y aportando pruebas, pero nunca se me había escuchado un juez. Nos tuvieron en cuenta a las víctimas porque no soy la única; estudiantes y profesoras respaldaron mi denuncia. Enfrentar a alguien que es tu superior no es fácil», añadió Patricia.
Patricia, que era docente de provisionalidad, solicitó ayuda al sindicato de la Asociación de Institutores Huilenses, pero no pudo recibir colaboración porque no era una maestra nombrada. «Una mujer que es víctima de estas cosas no quiere revictimizarse, y cada vez que se tiene que hablar, suele pasar por un interrogatorio», lamentó.
En total, cuatro personas, dos mujeres y dos estudiantes, decidieron denunciar al exrector, aunque se cree que hay más víctimas de acoso por parte de él en la institución educativa. «Este agresor ya estaba pensionado cuando entré al colegio. Son de esas personas del régimen antiguo que se pensionan y pueden seguir trabajando hasta el retiro forzoso. No sé si tiene algo que ver con la denuncia, pero cuando se puso en conocimiento de la Secretaría de Educación Departamental en diciembre de 2016, el rector tomó la decisión de retirarse en marzo de 2017″, señaló Patricia.
A pesar de haberse visto en un par de audiencias, Patricia no conoce ni tiene interés en saber nada de José Alirio Cabrera. «Solo quería que se hiciera justicia», enfatizó.
Labor social
El abogado Jesús Antonio Marín, quien se cruzó en el camino de Patricia como una bendición del cielo, fue crucial en el proceso. Patricia había querido mantener el caso en reserva, pero al ver que el caso iba a precluir en la Procuraduría, decidió no callar y visibilizarlo. «Me alteré al ser notificada e hice una apelación en tiempo récord. Fotocopié unos 500 folios porque el caso estaba a punto de precluir debido a la falta de pruebas. Mi caso fue publicado en algunos medios de comunicación, y fue entonces cuando me contactó el abogado, quien se puso a disposición mía y de las otras víctimas», dijo Patricia.
Estuvo luchando sola durante mucho tiempo, pero con el apoyo del abogado, ya no estaba sola. Patricia no tenía los recursos económicos para pagar un abogado, pero Jesús Antonio Marín decidió trabajar ad honorem en su caso.
Según el abogado Jesús Antonio Marín, este fue un proceso que nació hace ocho años. En octubre de 2020, en medio de la pandemia, se enteró del caso de Patricia, quien afirmaba que no estaba siendo escuchada como víctima. Se puso en contacto con ella y le ofreció su ayuda sin costo alguno. «Me pareció que los abogados también debemos tener una labor social», explicó.
Lograron la sentencia en primera instancia, que se emitió el 14 de septiembre pasado. “Sin embargo, el proceso aún no ha terminado, ya que podría haber una apelación. Esta decisión es de gran importancia, ya que salvaguarda la integridad de las mujeres y establece la importancia del respeto que deben tener los superiores, especialmente en una institución educativa, donde un rector no puede cometer este tipo de acosos. En el mismo proceso, se incluyó el testimonio de una menor de edad que también fue acosada por el exrector”, contó el profesional del derecho.
El exrector quedó condenado a 17 meses de prisión, y la juez está a la espera de que el Tribunal confirme la sentencia para emitir la orden de captura. Los delitos sexuales como este no otorgan ningún tipo de beneficio, por lo que el exrector deberá pagar su condena tras años de lucha por la justicia.
