Con tutelas en mano, los afiliados de Servisalud han tenido que pelear por un tratamiento.
Laura Victoria González fue maestra durante cuatro décadas. Su familia ha tenido que librar una dura batalla jurídica para que le entreguen sus medicamentos oncológicos.
Laura Victoria González es una profesora pensionada de 78 años, que trabajó durante 40 años en el Magisterio y sufrió de cáncer de mama dos veces. La segunda vez ha sido, tal vez, la más difícil.
Para que le dieran un medicamento de alto costo que era fundamental para mejorar su calidad de vida –el cáncer le hizo metástasis en sus pulmones–, sus familiares pasaron un largo calvario con Servisalud San José, la Unión Temporal (UT) que la atiende, que hace las veces de EPS y tiene a su cargo más de 140.000 pacientes en seis departamentos.
Daniela Maldonado, la ahijada de Laura Victoria, contó que en agosto del año pasado su madrina notó que tenía una masa en la clavícula izquierda. Ella no sabía que podía ser cáncer o que podía darle dos veces en la vida. Pidieron cita en Servisalud y, como no se la dieron pronto, Daniela la llevó a un médico particular que confirmó sus miedos: tenía cáncer y unos nódulos –pequeñas masas– en los pulmones, lo que podía indicar que además tenía metástasis.
Con el diagnóstico en mano Laura Victoria y Daniela fueron a Servisalud para comenzar con el tratamiento oncológico. Entró a un programa conocido como Paciente Consentido, que está hecho para “minimizar trámites y agilizar procesos de atención a través de un acompañamiento y seguimiento permanente y continuo, a pacientes con sospecha o diagnóstico de cáncer”, según advierte Servisalud en su portal web.
Desde diciembre de 2021 la empezó a ver un oncólogo clínico. “Es el único que hay. Él le mandó mucho exámenes, le explicó todo lo que iba a pasar. De una vez comenzó a tratarla”, dijo Daniela, quien además añadió que las nuevas pruebas confirmaron que tenía cáncer de seno y metástasis pulmonar.
“Como era un diagnóstico que parecía serio, hubo varias cosas que hicimos por médico particular”, aseguró la ahijada y advirtió que si bien los tiempos de espera no eran los mejores, el oncólogo estaba atendiendo bien a su madrina y estaban teniendo los medicamentos que necesitaba para una terapia hormonal.
El 15 de enero, después de sopesar todos los exámenes, el oncólogo concluyó que Laura Victoria tenía cáncer en estadio 4. Su cáncer no es curable. El objetivo del tratamiento, entonces, es mejorar su vida y alargar sus días tanto como sea posible.
El calvario comenzó cuando el oncólogo le dijo que necesitaba un medicamento llamado palbociclib, en una cita del 10 de febrero. Se lo recetó por tres meses.
Cuando Daniela averiguó con Servisalud por el palbociclib, le dijeron que se iban a demorar 72 horas “para darles gestión” a las órdenes. Los días comenzaron a pasar y con ellos las excusas de Servisalud.
Cada que llamaba le daban una nueva fecha. Si iba a reclamarles de forma presencial, decían que debían atenerse a un “protocolo”. Era desesperante. Finalmente, les dijeron que un “comité” debía reunirse para aprobar el medicamento, porque era de alto costo. Daniela les preguntó quién conformaba ese comité y le dijeron que era un grupo de oncólogos. “Luego desmintieron eso, porque solo tienen un oncólogo clínico”, aseguró Daniela.
Ante la falta de claridad, decidió acudir a la Superintendencia de Salud. “Nos dijeron que ningún comité tenía que reunirse, quien le iba a hacer seguimiento al medicamento era el oncólogo”, dijo Daniela.
Entonces radicó un derecho de petición. Se lo contestaron advirtiendo que hubo un problema con el Invima, que era un medicamento nuevo para los pacientes de Servisalud –aunque el oncólogo le había dicho a Daniela que ya les había dado el mismo medicamento a otros pacientes– y que estaba en trámite. Concluyeron que lo entregarían entre el 21 y el 24 de febrero.
Pero el comité se reunió esa semana y decidió que no había evidencia científica para darle el palbociclib, pese a que se trataba de una orden del oncólogo clínico de la propia Servisalud. “En esas tres semanas la masa tumoral empezó a aumentar, ella tuvo más tos y se cansaba más”, cuenta Daniela, que decidió radicar una tutela para que le dieran el medicamento.
El 11 de marzo el Juzgado 46 civil municipal de Bogotá falló a su favor y le dio 12 horas a Servisalud para entregarle el palbociclib a Laura Victoria. Ese tiempo, sin embargo no se cumplió, por lo cual Daniela tuvo que radicar un incidente de desacato, que otra vez fue fallado por el juez. La decisión le advertía a Servisalud que si no cumplía con la tutela, se iban a compulsar copias a la Fiscalía contra la persona encargada de dar el medicamento.
Ante este riesgo judicial, Servisalud tramitó la compra del palbociclib desde el 17 de marzo y acabó por enviarle el medicamento a Laura Victoria el 22 de marzo. El fármaco llegó después de un mes, decenas de mensajes de WhatsApp, un derecho de petición, una tutela y la apertura de un incidente de desacato.
A Daniela, sin embargo, aún le preocupa una cosa: aunque el oncólogo le había formulado 63 dosis de palbociclib, Servisalud solo le mandó 21. Como es un tratamiento muy fuerte, debe hacerse completo y, por experiencia, Daniela teme que no le lleguen a tiempo las próximas dosis. “Ya hice de todo, en el chat de Paciente Consentido me dicen que toca esperar. Este es un martirio, un calvario. Quedé igual de preocupada”, dijo Daniela.
Los líos de Servisalud
EL COLOMBIANO documentó más ocasiones en las que los pacientes tuvieron que recurrir a instancias legales para que Servisalud les diera respuesta. De hecho, en otro caso una mujer enferma de cáncer de colon también tuvo que interponer una tutela y más tarde una solicitud de incidente de desacato para que le dieran un medicamento llamado cetuximab.
Pero los pacientes no siempre se vuelven expertos en recursos jurídicos para obligar a los prestadores de salud a cumplirles. Este diario documentó que las demoras en la entrega de medicamentos incluso habrían costado vidas de personas enfermas.
EL COLOMBIANO intentó comunicarse en varias ocasiones con Servisalud: en su línea telefónica dieron un correo al cual se enviaron unas preguntas que no fueron respondidas y en el chat de Paciente Consentido tampoco dieron respuesta. Incluso, se le escribió a Claudia Perilla, quien funge como coordinadora regional de Calidad y Auditoría Médica de Servisalud, pero no contestó.
Las denuncias despiertan preocupación, pues Servisalud atiende a más de 140.000 pacientes en Bogotá, Cundinamarca, Vaupés, Amazonas, Guaviare, Vichada y Guainía.
La UT ya ha sido objeto de cuestionamientos. En octubre de 2017 Servisalud firmó un contrato con la Fiduprevisora en el cual se comprometió a asegurar el acceso a la salud de los profesores del Magisterio que se encuentran en esos departamentos. Las dos empresas que la conforman, la Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital San José y Servimed Institución Prestadora de Servicios de Salud, designaron a Jorge Eugenio Gómez Cusnir para representarlos en el contrato que firmaron con la Fiduprevisora.
La polémica se dio porque Gómez Cusnir hizo parte de la junta Directiva de Medimás hasta septiembre de 2017 y al mismo tiempo habría sido representante legal de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, que justamente funcionaba como IPS de Medimás, lo cual le valió una investigación en la Procuraduría.
PARÉNTESIS: DIFICULTADES PARA HACER QUE LAS UT CUMPLAN
Los profesores del Magisterio tienen un régimen especial de salud distinto, pues los atienden Uniones Temporales –conformadas por varias empresas– que firmaron unos contratos para cumplir un papel similar al de las EPS. El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, le dijo a este diario que ha tenido que halarles las orejas a las UT varias veces. “Hemos encontrado cada vez más quejas del Magisterio y no es normal. Es la población que más cotiza, se giran los recursos con oportunidad, entonces no entendemos por qué no tienen una red con calidad”, dijo Aristizábal. Pero dijo que “desafortunadamente” esas UT no son vigiladas directas de la Superintendencia. Se deben atener a las cláusulas de los contratos que firman con la Fiduprevisora, pero para sindicatos como Fecode estas no son lo suficientemente fuertes como para hacerlas cumplir.
Fuente: El Colombiano