En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira”. A partir de esta sabia y profunda reflexión del escritor, poeta y pensador español Ramón de Campoamor (1817-1901), propongo un análisis crítico sobre la problemática situación financiera de la Universidad de Antioquia (UdeA) y de las alternativas propuestas desde la Gobernación del Departamento por parte de Mauricio Alviar, actual secretario de Educación de Antioquia, y exrector de la UdeA, y quien ahora preside su Consejo Superior.
En una entrevista en El Colombiano hecha el pasado 26 de agosto,[1] Alviar expuso su visión del problema que se sintetiza en cuatro puntos:
i) hay un déficit estructural de las universidades públicas en relación con el financiamiento de la educación superior pública en el país determinado por el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, que estableció que las transferencias de la nación y de las entidades territoriales crecerían con eI IPC (la inflación anual) a partir de 1993. Esos ingresos que evolucionan con el IPC han venido acumulando un déficit en los últimos 20 años.
ii) Según su diagnóstico, los responsables son, primero, los profesores, que empotrados en el decreto 1279 de 2002, generan puntos salariales a partir del hecho de su cualificación con títulos de maestría, doctorado, el aumento de publicaciones científicas y de la productividad académica. Todo esto se traduce en puntos salariales para toda la vida, con los cuales se liquidan las prestaciones sociales, las vacaciones, las primas. Este estado de cosas es insostenible, dice Alviar, y no queda entonces más que cambiar el sistema normativo imperante.
El exprofesor de la Facultad de Economía es ciertamente vacilante. En la entrevista valora en ciertas momentos positivamente a la universidad. Dice, “La razón por la que ese déficit se ha vuelto insostenible es porque los profesores universitarios han mejorado muchísimo sus niveles de formación”. En otros momentos la ataca con resentimiento y rabia. Dice, “el asunto tiene una dificultad y es que todas esas publicaciones y la productividad académica de los profesores se traduce en puntos salariales para toda la vida”. Es claro, que no es un funcionario neutral, racional, en el sentido en que nos enseñó Max Weber a actuar como funcionarios.
iii) Su conclusión es: como la productividad investigativa, representada en artículos científicos, libros, etc. ha crecido mucho y como también la formación de los profesores, se ha generado un “desbalance”. No hay una frase elogiosa frente los resultados positivos generados por la práctica investigativa de los profesores ni frente a la labor ardua y mal remunerada de los profesores de cátedra. Llama de todas formas la atención que el Secretario de Educación, con tantos años como profesor de la UdeA, tenga tan poca productividad académica y científica y ni un paper escrito por él sólo en revistas internacionales.
iv) La segunda responsabilidad imputada por Alviar a los profesores es que “los profesores de planta están dedicando apenas el 25%, del plan de trabajo a docencia directa, porque el otro tiempo lo están dedicando a investigación, a producir artículos para publicar en revistas indexadas”, dice en El Colombiano.
De esta situación, y como resultado también del aumento de la cobertura — En la UdeA, pasó de 17.687 estudiantes en 1994 a 39.872 en 2024 en pregrado— se ha producido un incremento desbordado de los contratos de horas-cátedra. Este incremento se traduce en que el 60% de los profesores son hoy profesores de cátedra. Frente a esto, las propuestas de Mauricio Alviar son simples: emprender unos programas profundos de austeridad, con los que se busca llegar en el 2025 a una disminución del 50% de esos contratos de hora-cátedra.
Las afirmaciones de Mauricio Alviar son, desde mi punto de vista, totalmente equivocadas. Voy a demostrarlo.
Los datos sobre la situación financiera de la UdeA, presentados recientemente por las autoridades universitarias son realmente preocupantes, debido a que las cifras del desfinanciamiento de la UdeA —el faltante de recursos de la Ley 30/92 que la UdeA ha tenido que aportar para poder funcionar— para el año 2023 ascendieron a $348.095 millones. Pero este desfinanciamiento es parte de un problema general que tienen las universidades públicas.
Su desfinanciamiento estructural es, según el informe del SUE (2021), de $17,6 billones al año 2018. Este se ha generado, según este informe, por el impacto económico de diferentes leyes, decretos y sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, producidas en el período de 1992 a 2011 en materia prestacional y salarial, que crearon nuevas obligaciones a las universidades sin un aporte presupuestal de la Nación para su efectivo cumplimiento. Estas obligaciones han tenido que financiarse con los recursos propios de las universidades públicas ante la insuficiencia de las transferencias de la Ley 30 derivadas de los artículos 86 y 87 que, en promedio, solamente han cubierto cerca del 50% de sus presupuestos. [2]
La Ley 30 de 1992 congeló los aportes asignados por la Nación a las universidades, determinando que su presupuesto crezca anualmente al mismo ritmo del IPC, es decir, no ha habido incremento real, puesto que los gastos han crecido muy por encima de la inflación, producto de nuevas obligaciones legales que han tenido que asumir las universidades públicas: la cualificación docente, el aumento de la investigación, los compromisos con la calidad y la expansión de cobertura —El número de estudiantes matriculados en las universidades públicas pasó de 159.218 en 1993 a 638.221 estudiantes en 2021. En la UdeA, pasó de 17.687 estudiantes en 1994 a 39.872 en 2024—.[3]
El problema de la desfinanciación está en que estos gastos no han sido asumidos por la Nación ni por los gobiernos departamentales. Alviar afirma que esto es un “desbalance” creado por los elevados niveles de productividad y formación profesoral. ¡No es un “desbalance”, el concepto correcto es desfinanciación!
Y desfinanciación significa que el Estado no ha costeado los puntos salariales estipulados en el Decreto 1279, relacionados con la formación de los docentes y la producción académica, entre otros. En la argumentación de Mauricio Alviar parece que los causantes de lo que denomina “desbalance” son los profesores que se han esforzado por obtener doctorados y una producción científica importante —por supuesto han obtenido puntos salariales— y no el Estado que ha incumplido con el proyecto de universidad que propuso en la Ley 30, en el mencionado decreto y en otras normas. Aquí es donde cobra sentido comparar el análisis de Alviar con el que presento aquí y muchos otros profesores de UdeA.
La mirada neoliberal de Alviar ve el mundo de forma diferente al que lo mira con un sentido social y de justicia. Alviar estigmatiza así a los profesores y al sistema de los puntos salariales del decreto 1279, al mostrar como elementos negativos la productividad académica y la formación profesoral. Ante la opinión pública, los profesores de las universidades públicas están siendo presentados y denunciados como corruptos, como lo hizo hace unos meses el senador Ariel Ávila, que denunció, mediante un escándalo mediático, sin fundamentos, ni pruebas válidas, la corrupción que existe en las universidades públicas en torno a los sistemas de asignación de puntaje por publicaciones.
El sistema definido en el decreto 1279 está bien concebido y ha hecho viable el aumento de la productividad académica en el país, pero los mecanismos que han hecho posible la corrupción de la que algunos profesores (una minoría) han sacado provecho deben ser corregidos y los autores de estos actos de corrupción deben ser investigados y sancionados por las autoridades competentes. Eso no lo pueden hacer los profesores, ni Alviar, ni el Gobernador. Cambiar la Ley 30 y el Decreto 1279 es tarea del Congreso de la República. Sancionar corruptos es función de los jueces.
La acusación imprecisa, mal intencionada, plagada de falsedades del senador Ávila contra las universidades públicas, y la errada valoración de la UdeA por Mauricio Alviar, revelan el desconocimiento que tienen de los problemas de la universidad en la actualidad y dejan ver las intenciones e intereses que tienen como actores políticos.
Por último, voy a referirme a la propuesta sobre los profesores de hora-cátedra, según la cual se busca llegar en el 2025 a una disminución del 50% de los contratos de hora-cátedra. Con esta propuesta es atacada realmente la dignidad de los profesores de cátedra y su sentido de valía como miembros de la universidad.
Primero que todo hay que decir que los profesores peor situados en la actual estructura organizacional de las universidades públicas son los que están en la que zona de precarización, -profesores de cátedra y ocasionales.
Precarización laboral significa que en las universidades públicas hay un grupo de profesores y profesoras que no tienen estabilidad laboral y viven entonces una situación de inseguridad, pues a pesar de sus estudios y experiencia a nivel de maestría y doctorado, se ven atrapados en la temporalidad del empleo y sin garantías para el mejoramiento económico y social.
Según el informe del SUE (2021) de los 49.956 profesores que tienen las IES públicas, 12.875 son de planta (22%), 10.576 ocasionales (21%) y 26.505 de hora cátedra (53%). En la UdeA, hay 1.498 profesores regulares en 2024-1; 698 ocasionales y 6.151 catedra.
Esto significa que las universidades públicas están utilizando formas de contratación precarizadas para profesores ocasionales y de hora cátedra, que alcanzan hoy el número de 37.081 (74% del total de profesores).
En suma, el orden de la universidad actual en Colombia, constituido a partir de la Ley 30, favorece a los profesores que están en la carrera docente, a los que se dedican a la administración como decanos, vicerrectores y rectores, e influye desfavorablemente en la vida profesional de quienes permanecen en la situación del precariado laboral. Las características de dicho orden no obedecen en absoluto a criterios internos a la organización de las mismas universidades, sino que son el resultado de decisiones políticas neoliberales, determinadas por la Ley 30 de 1992 y el decreto 1279 de 2002, impulsadas por rectores igualmente neoliberales como Moisés Wasserman, Ignacio Mantilla, Dolly Montoya, Jaime Restrepo Cuartas y Mauricio Alviar, entre otros.
Ahora bien, lo que articula la desfinanciación y la precariedad laboral es el dominio en las universidades de una práctica burocrática determinada no por criterios internos de la ciencia, la docencia, la realización del derecho social a la educación, sino por decisiones políticas neoliberales, extrañas a la idea social y humanista de una universidad que contribuya al proyecto de emancipación humana por la vía de la formación democrática de los ciudadanos. Además de defender la universidad, nuestra dignidad y derechos, debemos actuar como profesores para apoyar, de forma contestataria, a todos aquellos que están sometidos a las condiciones precarizadas de contratación.
Fuente: Al Poniente
