La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra cinco docentes vinculados a la Secretaría de Educación de Pitalito, señalados de haber ingresado de forma irregular a la sede de la Alcaldía municipal durante una jornada de protesta realizada el pasado 16 de mayo de 2025.
Los educadores investigados son María Eugenia Cárdenas Artunduaga, Tania León, Héctor Cerquera, Eduardo Mazabel y Calia Munar. Según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, durante la manifestación habría ocurrido un altercado en el que resultó lesionado un vigilante del edificio, quien debió ser atendido en el hospital municipal.
El Ministerio Público indaga si durante el plantón, convocado por docentes frente a la sede administrativa, se cometieron actos arbitrarios o de violencia contra servidores públicos. La investigación busca verificar la ocurrencia de los hechos, establecer si configuran una falta disciplinaria o si existe alguna causal que exima de responsabilidad a los implicados.
En paralelo, la Procuraduría compulsó copias a su Regional de Instrucción del Huila para que se investigue a otros dos docentes presuntamente implicados en el incidente, quienes están adscritos a la Secretaría de Educación del departamento.
De igual forma, se remitieron copias del expediente disciplinario a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que determine si se incurrió en conductas de carácter penal.
La protesta docente surgió como respuesta a la decisión de la Secretaría de Educación de Pitalito de trasladar la celebración del Día del Maestro, del jueves 15 de mayo al domingo 18, día no laborable. Esta medida, justificada por el cumplimiento del calendario escolar y respaldada por la normativa vigente, generó molestia en el magisterio, especialmente en la Asociación de Institutores Huilenses (Adih), que consideró la decisión “arbitraria” y “desconectada del reconocimiento real a los educadores”.
Durante la movilización, representantes sindicales calificaron de “desconsiderada” la postura institucional y criticaron los obstáculos administrativos para el ejercicio pleno de los derechos sindicales, lo cual agravó el descontento en el sector educativo.
Con esta actuación, la Procuraduría reafirma su compromiso con la vigilancia de la función pública, garantizando que las manifestaciones se realicen dentro del marco legal y sin afectar el orden institucional ni la integridad de los servidores públicos.
