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El ministro Antonio Sanguino ordenó una investigación tras la desvinculación de más de 380 docentes de jardines infantiles del Distrito. Según el funcionario, esta medida representa una vulneración al derecho al trabajo y también al derecho a la educación de la primera infancia.
Una grave denuncia sacude el sector educativo de la capital: 380 maestras han quedado sin empleo tras la finalización del Convenio 7784 suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y la Secretaría de Integración Social. La situación fue calificada por las afectadas como una «masacre laboral», y ya motivó respuesta del Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.
Según lo expuesto, este convenio permitía a cientos de docentes atender a niños y niñas de primera infancia, garantizando no solo su desarrollo educativo, sino el cumplimiento de un derecho fundamental. Al cesar el acuerdo, las educadoras (muchas con varios años de experiencia en el sistema distrital), han sido desvinculadas de forma abrupta, sin una solución clara sobre su situación laboral.
Ministro del Trabajo responde
El ministro Antonio Sanguino confirmó que su despacho ya recibió la queja formal. «Por supuesto que desde el propio despacho del Ministro ordenamos las investigaciones respectivas. No tiene ninguna justificación que se afecte el derecho al trabajo de estas personas que venían vinculadas hace varios años al Distrito«, expresó de manera contundente.
Sanguino cuestionó directamente a la Secretaría de Educación por la decisión tomada, recordando que estas profesionales no solo prestaban un servicio laboral, sino que garantizaban derechos fundamentales en el marco de la atención integral a la niñez.
El Ministerio del Trabajo ha iniciado un proceso de investigación para esclarecer las razones detrás de la finalización del convenio y evaluar si se vulneraron derechos laborales. “Una vez concluyamos esta investigación, informaremos oportunamente tanto a la Secretaría de Educación como a las personas afectadas y a la opinión pública”, afirmó Sanguino.
¿Qué sigue para las maestras?
Las docentes afectadas claman por una respuesta urgente y exigen ser reincorporadas o, al menos, recibir una solución digna por parte de las autoridades distritales. Algunas han denunciado que ni siquiera fueron notificadas formalmente y que sus contratos se dieron por terminados sin explicación previa.
Este caso evidencia una posible desconexión entre entidades públicas y la necesidad de garantizar derechos laborales en el marco de políticas sociales y educativas. La ciudadanía espera que la investigación del Ministerio del Trabajo no solo arroje claridad, sino que devuelva la dignidad laboral a las docentes afectadas.
