El Ministerio de Educación Nacional demandó a Martha Alexandra Agudelo Ruiz, exsecretaria de Educación de Medellín, por su presunta responsabilidad en la omisión del reconocimiento de cesantías a un docente, lo que habría obligado al Estado a pagar una suma que no debió asumir.
La acción judicial fue admitida el 22 de mayo de 2025 por el Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Circuito de Medellín, mediante auto interlocutorio, bajo el medio de control de repetición, previsto para que los funcionarios respondan patrimonialmente por los daños que causen al Estado, producto de acciones u omisiones en el ejercicio de su cargo.
Según la demanda, Agudelo habría incurrido en negligencia administrativa al no gestionar de forma oportuna el pago de cesantías a un educador, lo que derivó en perjuicios que fueron asumidos con recursos públicos. El Ministerio sostiene que existía una obligación clara que la entonces funcionaria no reconoció ni tramitó dentro de los plazos legales.
No obstante, dentro del proceso surgió una controversia respecto a la validez de la notificación electrónica, ya que el correo institucional utilizado por el Ministerio para contactar a Agudelo no puede confirmarse como vigente, y según certificación del Distrito de Medellín, ella no ejercía como secretaria en el momento en que se enviaron dichas comunicaciones.
A pesar de estos cuestionamientos, el juzgado decidió admitir la demanda y continuar con el proceso, ordenando notificación personal y traslado para que la exfuncionaria ejerza su derecho a la defensa.
La demanda también fue notificada al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quienes podrán intervenir en el proceso.
Este caso podría sentar un precedente importante en Colombia sobre la responsabilidad individual de los exfuncionarios públicos en materia educativa, especialmente en lo relacionado con la correcta gestión del talento humano y los derechos laborales de los docentes.
