En este breve artículo de opinión nos enfocaremos en una dimensión vital y muchas veces olvidada: la gestión de los recursos financieros en las instituciones educativas. ¿Qué ocurre cuando el rector, lejos de ser garante del bienestar estudiantil, se convierte en administrador arbitrario de un presupuesto que no le pertenece, pero que maneja como si fuera suyo?.
Por: César Asprilla «El Maestro»
El rector de una institución educativa no es simplemente un funcionario administrativo. Es el rostro visible del liderazgo pedagógico, el garante del cumplimiento normativo y el referente ético de toda la comunidad educativa. Su papel trasciende la firma de documentos y la dirección de reuniones: es el llamado a orquestar, con responsabilidad, el desarrollo integral de la escuela como territorio de aprendizaje, convivencia y equidad.
El Decreto 1860 de 1994, en su artículo 25, establece funciones esenciales que también son recogidas en el Decreto 1075 de 2015, relacionadas con la responsabilidad del rector como líder educativo. Entre ellas se destacan: orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI), garantizar el cumplimiento de las funciones docentes, promover la mejora continua de la calidad educativa, fortalecer los vínculos con la comunidad y ejercer la autoridad disciplinaria de forma justa y transparente. Sin embargo, más allá del cumplimiento normativo, todas estas funciones deben ejecutarse bajo un principio inquebrantable: la integridad.
Una analogía muy acertada señala que el director de una escuela es como un jardinero: debe cultivar el terreno, proporcionar los nutrientes necesarios y guiar el crecimiento de cada planta. Así debería entenderse la labor directiva: como una responsabilidad profunda que requiere escucha, ética, coherencia y transparencia.
El rol del rector en la administración del Fondo de Servicios Educativos
La Ley 715 de 2001 le asigna al rector o director rural una de las responsabilidades más delicadas y trascendentales: la administración del Fondo de Servicios Educativos (FSE). Este fondo es la herramienta financiera que garantiza el funcionamiento digno del establecimiento, y su manejo exige una conducta ética a toda prueba.
Le corresponde al rector, en coordinación con el Consejo Directivo, planear el presupuesto anual, presentar informes mensuales y trimestrales, elaborar proyectos de adición o traslado presupuestal, celebrar contratos y rendir cuentas claras ante los órganos de control, la contaduría general y las entidades territoriales. Cualquier desvío de estos procedimientos no solo vulnera la ley, sino que traiciona la misión educativa.
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Es precisamente en este escenario «la administración del Fondo de Servicios Educativos», donde muchos rectores lamentablemente juegan a su conveniencia.
En primer lugar, manipulan la elección del Consejo Directivo, uno de los órganos más importantes del gobierno escolar, eligiendo a sus miembros de forma discrecional, sin transparencia y con criterios alejados del interés institucional. En muchos casos, por el desconocimiento de la comunidad educativa (especialmente de los padres de familia), este órgano termina reducido a una figura simbólica, convertido en un simple títere del rector.
En segundo lugar, muchos directivos no rinden cuentas como lo exige la norma: ocultan información, no publican los informes, ni permiten una participación real y activa en la planeación y toma de decisiones. Actúan como si la institución educativa fuera de su propiedad, tomando decisiones a puerta cerrada y manejando los recursos como si se tratara de un negocio personal.
En tercer lugar, cuando hay intereses ocultos, es común ver que siempre son los mismos contratistas o colaboradores los que se benefician, dando lugar a círculos viciados y favoritismos evidentes. Lo más preocupante es que los organismos de control pocas veces hacen una vigilancia rigurosa sobre los fondos de los colegios. Si existiera una supervisión más seria y constante, seguramente saldrían a la luz muchas de las prácticas irregulares que lamentablemente afectan directamente a los estudiantes, quienes deberían ser los únicos beneficiarios de estos recursos.
La doble moral: una amenaza institucional
No se puede hablar de calidad educativa sin liderazgo honesto. Lamentablemente, existen casos donde algunos rectores utilizan el poder del cargo para ejecutar un proyecto personal disfrazado de institucional. Presionan a los docentes que piensan diferente, amedrentan a quienes exigen transparencia, pero premian y protegen a quienes encubren sus irregularidades. Ese doble rasero es veneno puro para la democracia escolar.
Un rector que oculta el funcionamiento del Consejo Directivo, que margina voces críticas o que manipula el manejo de los recursos, no está ejerciendo liderazgo: está sembrando corrupción. Y lo que es peor: está violando los derechos de los estudiantes, quienes son los verdaderos afectados cuando el dinero del FSE no llega a los pupitres, a las aulas, a las bibliotecas o a los baños escolares.
Como bien dijo Nelson Mandela, «la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.» Pero esa arma no se acciona sola. Requiere manos firmes, responsables y éticas que la empuñen. En el contexto escolar, es el rector quien tiene esa responsabilidad en sus manos. De su liderazgo depende que la educación sea verdaderamente transformadora o que se convierta en una herramienta neutralizada por intereses particulares.
Hacia una gerencia educativa con principios
Una buena dirección escolar comienza respetando las normas. El gobierno escolar no es un requisito decorativo, es la base legal y ética del ejercicio democrático dentro de las instituciones. Elegir representantes a dedo, esconder convocatorias o silenciar las decisiones colegiadas, es destruir la columna vertebral de la gestión participativa.
Por eso, este artículo no es solo un llamado a la reflexión, es una exhortación ética: rectores que no están actuando con honestidad, es hora de que recapaciten. Su misión no es administrar un negocio, es liderar un proyecto educativo público donde cada peso y cada decisión debe estar al servicio del estudiante.
Dirigir una escuela no es una oportunidad para enriquecerse ni para ejercer poder con autoritarismo. Es una vocación de servicio, de liderazgo moral y de construcción colectiva.
