Por: César Asprilla «El Maestro»
A lo largo de los últimos años, el sistema educativo colombiano ha experimentado transformaciones estructurales orientadas, en teoría, a mejorar la calidad del aprendizaje y ampliar las oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Una de esas apuestas ha sido la implementación de la Jornada Única, que pretendía ofrecer más tiempo escolar, proteger a los estudiantes de entornos riesgosos y fomentar su desarrollo integral. Sin embargo, esta medida, que en el papel prometía avances significativos, ha generado serias preocupaciones debido a la forma en que ha sido implementada en la mayoría de los territorios.
La escuela no puede ser simplemente un espacio receptor de políticas diseñadas sin tener en cuenta sus realidades. Llevar programas a las instituciones educativas sin propósitos pedagógicos claros ni condiciones estructurales mínimas (como infraestructura adecuada, alimentación garantizada y docentes suficientes), es una fórmula condenada al fracaso. Los niños y jóvenes merecen algo más que la extensión de su jornada: merecen una educación digna, coherente y transformadora.
Después de 10 años del lema «Colombia más Educada», es momento de revisar críticamente la implementación de esta política. Los Decretos 501 de 2016 y 2105 de 2017 fueron expedidos para reglamentar esta modalidad, pero hoy evidencian un desfase con la realidad de muchas escuelas oficiales. En lugar de nombramientos suficientes de docentes de planta, se ha recurrido al uso excesivo de horas extras. El plan de infraestructura, especialmente en lo relacionado con comedores escolares, sigue siendo débil e insuficiente, sin garantizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) con comida caliente cocinada directamente en la institución educativa, no se debe limitar a entregar alimentos fríos, industrializados o transportados desde otros lugares, sino que debe garantizar una alimentación fresca, nutritiva y preparada al momento, dentro de la misma escuela, lo cual requiere infraestructura adecuada como cocinas, personal capacitado y condiciones sanitarias óptimas.
Los objetivos de la Jornada Única eran ambiciosos: elevar la calidad de la educación, reforzar competencias básicas y ciudadanas, e incluso fomentar el acceso a la cultura, el deporte y la recreación. Sin embargo, diez años después, las condiciones estructurales del sistema educativo no han sido suficientes para sostener estos propósitos.
Los nombramientos de docentes de planta han sido insuficientes, y en muchos casos, la extensión de la jornada se ha sostenido con horas extras, precarizando el ejercicio docente y afectando la calidad del proceso educativo. A esto se suma la deficiente infraestructura escolar: cientos de instituciones carecen de espacios adecuados, salones suficientes, baterías sanitarias en buen estado y comedores escolares equipados para ofrecer alimentos calientes y preparados in situ, como lo exige el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Tanto el Decreto 501 de 2016 como el 2105 de 2017 establecen condiciones claras para el reconocimiento y aplicación de la Jornada Única. Entre ellas, se destaca la necesidad de garantizar infraestructura educativa en buen estado, un PAE robusto, disponibilidad de planta docente suficiente y funcionamiento adecuado de los servicios públicos. No obstante, en muchos territorios, estas condiciones siguen sin cumplirse.
En muchos planteles educativos, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) ha sido reducido a meriendas poco nutritivas o incluso a la entrega de gaseosas y productos ultraprocesados que, lejos de contribuir al desarrollo físico y cognitivo de los estudiantes, terminan afectando su salud. Esta práctica, que a menudo responde a la lógica del ahorro de recursos o a la falta de supervisión, contradice completamente el espíritu de la Jornada Única. No se puede hablar de calidad educativa si los niños permanecen más tiempo en la escuela sin recibir una alimentación adecuada que sustente su aprendizaje y bienestar. Convertir el almuerzo en una solución improvisada no solo perpetúa la desigualdad, sino que pone en riesgo la vida misma de los estudiantes.
Además, los ambientes escolares no han sido adaptados para acoger adecuadamente a los estudiantes durante jornadas extendidas, lo que afecta no solo el aprendizaje, sino también su bienestar físico y emocional. A esto se suma la resistencia de algunas secretarías de educación y directivos escolares a acatar lo establecido en el Decreto 0277 de 2024, especialmente en lo relacionado con la jornada laboral de los docentes y su asignación académica.
El PEI y la autonomía escolar: último bastión de resistencia
El Decreto 2105 de 2017 destaca que la implementación de la Jornada Única debe ajustarse al Proyecto Educativo Institucional (PEI) y a la autonomía de cada escuela. Sin embargo, las presiones políticas y administrativas han convertido esta autonomía en letra muerta, imponiendo un modelo que muchas escuelas no están en condiciones de cumplir.
La Jornada Única no puede seguir avanzando como un mandato sin garantías. El ideal pedagógico que la sustenta debe reencontrarse con la realidad de las escuelas oficiales. Revisar su implementación no significa desmontarla, sino fortalecerla desde lo estructural: nombrar a los docentes requeridos, mejorar la infraestructura, asegurar una alimentación digna y respetar los derechos laborales de los educadores.
En un país donde la educación sigue siendo el principal motor de equidad social, no se puede seguir improvisando con un modelo que afecta directamente la formación de millones de niños y jóvenes. La Jornada Única merece una revisión profunda, participativa y con enfoque territorial, para que deje de ser una meta inalcanzable y se convierta en una verdadera política de Estado.
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