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Trabajan en zonas de posconflicto y muchos de ellos, a pesar de que ganaron el concurso de méritos, no han sido nombrados y han denunciado amenazas.

Por medio de alertas tempranas la Defensoría del Pueblo ha informado sobre el riesgo que corren poblaciones del sur de Córdoba ante el flagelo del reclutamiento forzado. Esta zona también es donde mayores conflictos se generan a la hora de llevar educadores a las aulas.

La deficiente y gastada infraestructura escolar en municipios como Puerto Libertador, Montelíbano, Valencia y Tierralta, es directamente proporcional a la ausencia de docentes que llenen con enseñanzas las horas de ocio de jóvenes de la población.

La situación es caldo de cultivo para mafias que se apoyan en la tercerización para subcontratar profesores a bajos costos. También se benefician los grupos al margen de la ley, que se presentan como la única opción de éxito en estos rincones alejados de las urbes.

Tras varios plantones y acciones de protesta pacífica, los educadores y directivos docentes del sur de Córdoba lograron que se expidieran 633 decretos de nombramientos que eran exigidos, aunque aseguran que algunos no han recibido pago y otros ni siquiera han sido afiliados al sistema de salud.

Javier Martínez, uno de los docentes nombrados, asegura que pese de esto, no ha recibido pago ni mucho menos afiliación a seguridad social.

“Nos citaron a presentarnos en los colegios y hemos asistido para cumplir con el compromiso, pero hasta el momento no nos han definido esa situación”, señala el educador, quien es un ejemplo de la situación que padecen otros educadores que, tras superar la prueba de méritos realizada por la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc), no han podido empezar a asumir en propiedad.

Además, en los territorios se divulgaron panfletos intimidantes en los que los docentes nombrados mediante el concurso de méritos fueron declarados objetivo militar.

“Lastimosamente se presentan casos en los que una persona es capaz de amenazar de muerte a un maestro, pero confío en que las autoridades van a esclarecer la procedencia de esa información”, expresa de manera tajante, tratando de no hablar mucho de ese tema que, según él, preocupa más a su esposa y a sus padres.

Con el pasar de los días crecen los compromisos y las deudas pendientes se apilan en pedazos de cartón rayados a mano.

Son números que certifican los créditos frecuentes en una tienda donde le fían el aceite, arroz, carne, y demás elementos de la canasta familiar.

“Son muchas razones para asumir el riesgo que actualmente representa ejercer mi profesión. Además, tengo un compromiso familiar, es necesario salir a trabajar, y este es un cargo que ganamos por méritos, esto no es robado, ni es un favor; es un derecho”, explica como para ahuyentar cualquier temor.

La falta de dinero se evidencia en la austeridad en el uso de materiales, pero no siempre fue así, hasta el año pasado laboró en una escuela privada donde a sus 30 años ya figuraba como un docente prometedor.

“Trabajé varios años en esa institución y estuve complacido por el tiempo que trabajé con ellos, pero tras ser notificado sobre la nueva plaza, consideré que cumplirían los tiempos establecidos, pues decían que seríamos nombrados en enero, pero solo hasta principios de abril fue que se pudieron hacer efectivos los decretos”, dice.

Si bien el paso de los días ahonda sus deudas, también alimenta la esperanza de comenzar a devengar un salario en propiedad como docente en el municipio de Montelíbano, sur de Córdoba, lo que –según Javier– solucionaría su inestabilidad económica actual.

“Mi experiencia laboral anterior me dejó contactos y debido a la pandemia algunos padres me han buscado para que haga tareas dirigidas. Es una manera de rebuscarme mientras sale lo del nombramiento. Las cuentas en las tiendas las pago con la promesa de pago”, dice con una sonrisa irónica, quizás para superar los momentos de escasez junto a su esposa, que labora en una droguería local, y su hija, de apenas 7 años, estudiante de primaria en un colegio municipal.

Javier Martínez es egresado de la universidad como pedagogo y luego se especializó en artes plásticas. En noviembre del año pasado fue notificado sobre el puntaje meritorio que le permitiría acceder a unas de las plazas ofertadas.

En total son 633 docentes y directivos docentes que ganaron el concurso de méritos para ser nombrados en los llamados municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, o zonas de conflicto, concretamente en Tierralta, Valencia, en la subregión del Alto Sinú; mientras que en la subregión del San Jorge, los priorizados fueron Montelíbano y Puerto Libertador.

Según la Asociación de Maestros de Córdoba, Ademacor, se dio a conocer la divulgación de un panfleto que circula a través de redes sociales, en el que se prohíbe la presencia de los educadores en el territorio, a riesgo de ser asesinados.

Ermen Martínez Páez, presidente de Ademacor, señala que “estos docentes se encuentran amenazados por algunos grupos al margen de la ley que no les permiten llegar a los sitios de trabajo, coartando de esta forma la posibilidad de vinculación laboral de estos educadores y con ella quitándole la oportunidad a dichas comunidades de poder resolver el problema de la falta de docentes en los municipios del sur de Córdoba”.

Martínez Páez sostiene que “esta es una situación delicada, compleja y de zozobra que vive un importante número de docentes que luego de cumplir y agotar todos los recursos de ley, ganaron y se hicieron acreedores al acto administrativo que les permite tomar posesión de su cargo como docente en propiedad”.

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