En 2013 ese claustro sufrió un fuerte revés luego que el Ministerio de Educación cerrara siete de sus programas. Gustavo Torrijos - El Espectador
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La Fundación Universitaria San Martín le canceló la matrícula y le impidió pagar los derechos de grado a Cristian Alberto Sánchez Tusarma, luego de que bloqueara las puertas de acceso a la sede en Bogotá como protesta a la gestión de sus directivos en 2018.

Cristian Alberto Sánchez Tusarma hizo toda su carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Fundación Universitaria San Martín y está listo para graduarse. El 16 de enero de 2018, en horas de la noche, como presidente de la Asociación Nacional Académica Sanmartiniana, bloqueó con cadenas las puertas de acceso de una de las sedes de la institución como protesta contra el manejo de sus directivos. El hecho terminó con la intervención de la Policía y con un proceso disciplinario contra el estudiante, a quien le cancelaron la matrícula.

Esa decisión la tomó el 5 de abril de 2018 el Consejo Académico de la Facultad en sesión extraordinaria, al considerar las acciones de Sánchez como una falta gravísima. En consecuencia, se le impidió renovar su matrícula para cualquier otra programa y acceder a cualquier servicio prestado por ese centro educativo. En febrero de 2019, Sánchez pidió a la Universidad que le dejara cancelar los derechos de grados por haber cumplido con todos los requisitos de la carrera, pero la Fundación lo negó alegando que ya no tenía la condición de “estudiante”.

Sánchez interpuso una tutela, alegando que le vulneraron el derecho al debido proceso y el caso escaló hasta la Corte Constitucional, que acaba de fallar a su favor. Por un lado, aseguró que su protesta, en condición de líder estudiantil, era un “llamado de atención a la señora rectora (…) sobre la forma como se estaba llevando la intervención efectuada por el Ministerio de Educación Nacional (…) en lo referente a los aspectos administrativos, financieros y reserva de la información de dicha intervención”. Además, indicó que no se le permitió defenderse y que cuando sucedieron los hechos fue el único sancionado.

La institución universitaria respondió que Sánchez ya había interpuesto otra tutela para controvertir la decisión que cancelarle la matrícula, que fueron negadas en dos instancias. Y que, por ello, no actuó de manera irregular ni le vulneró el derecho al debido proceso. La Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Alejandro Linares, estimó que la Universidad sí afectó esos derechos al encontrar que técnicamente, al ser un “egresado no graduado” (ya había terminado los semestres), no estaba matriculado y no tenía porqué pagar derechos de matricula en 2018, ni hacer un registro de materias, por ejemplo.

Es decir, Sánchez ya había terminado su programa académico, pero no se había graduado. En esa condición, sí mantenía una relación jurídica con la Universidad que lo ligaba al régimen disciplinario de la institución, pero no puede recibir las mismas sanciones que aquellos que todavía no han terminado su pensum por ya no tener una matricula con la universidad. Por eso, la Universidad no tenía la facultad de sancionarlo con la “cancelación de matrícula” “ni tampoco para negarle al actor la expedición del recibo de pago para los derechos de grado”.

“Aunado al grupo de sanciones que presuponen la existencia de matrícula académica, y que solo pueden ser aplicadas a los “estudiantes”, el artículo 78 del Reglamento consagra como sanción las amonestaciones de carácter privado y público, las cuales, por definición, son compatibles con la calidad de “estudiante” y con la de “egresado no graduado”. Por lo tanto, la (Universidad), con base en la regulación reglamentaria vigente y previo cumplimiento de las garantías del debido proceso, tiene plena autonomía para definir si impone o no este tipo de sanciones cuando comprueba que un “egresado no graduado” cometió alguna de las faltas disciplinarias tipificadas en el Reglamento”, dice la decisión.

La Corte no desconoció los hechos ocurridos el 16 de enero de 2018 ni entró a desvirtuar la calificación de la falta disciplinaria cometida por Sánchez, sino que advirtió que las sanciones deben hacerse “con sujeción a lo previsto en el régimen disciplinario del reglamento estudiantil y, teniendo en cuenta la situación o vínculo jurídico que existe con el destinatario de la medida. De otro modo, la institución educativa excede las facultades que le confiere la autonomía universitaria, actuando de forma arbitraria y en contravía de las garantías mínimas del derecho al debido proceso”.

Por esa razón, le ordenó a la Universidad que defina si impone o no a Sáncher una de las sanciones que contempla su reglamento para los “egresados no graduados” y ordenó la expedición del recibo de pago para los derechos de grado para que pueda obtener el título profesional en Medicina Veterinaria y Zootecnia.

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