“Cuando se presentan agresiones o faltas de respeto reiteradas por parte de un acudiente o miembro de la comunidad, el docente puede acudir ante el inspector de policía, y si la situación escala, incluso ante la Fiscalía General”, afirmó el abogado.
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Las instituciones educativas deben ser más que espacios de enseñanza. En ellas deberían florecer la empatía, la convivencia, el respeto, la formación en valores y la construcción colectiva del conocimiento. Sin embargo, en muchos planteles del país, estas premisas se ven empañadas por una problemática silenciosa pero creciente: el acoso laboral hacia los docentes.
Lejos de ser excepciones, las situaciones de hostigamiento entre colegas, agresiones de estudiantes y padres de familia, y la desprotección institucional ante estas dinámicas, afectan el bienestar físico y emocional del profesorado. Así lo señalan varios expertos consultados en un espacio de reflexión académica que puso sobre la mesa esta alarmante realidad.
“El colegio no puede reducirse a un aula donde se imparte conocimiento. Es también un espacio de diálogo, interculturalidad, pensamiento crítico e innovación. Pero cuando el respeto se pierde, el ambiente se torna hostil y la salud mental del docente comienza a deteriorarse”, señaló uno de los oradores del conversatorio.
¿Qué es y qué no es acoso laboral?
La Ley 1010 de 2006 establece los parámetros legales del acoso laboral en Colombia. Según lo explicó el abogado Bryan Santiago Campo Parias, este puede manifestarse mediante agresiones físicas, verbales, discriminación por género o raza, exclusión deliberada de funciones, sobrecarga injustificada de trabajo, o presión psicológica sostenida. “Por ejemplo, si a todos los docentes se les permite el acceso a una plataforma y a uno no, eso puede constituir acoso”, indicó.
No obstante, el abogado aclara que no toda exigencia institucional puede ser catalogada como acoso: “Solicitar el cumplimiento del horario, pedir explicaciones por ausencias o solicitar un plan de mejoramiento no constituye acoso, sino parte de la potestad disciplinaria del rector o superior jerárquico”.
Una dinámica difícil de evidenciar
Uno de los grandes desafíos que enfrentan los docentes es demostrar que están siendo víctimas de acoso. “Estas situaciones ocurren muchas veces en espacios de intimidad, lejos de los ojos de otros. Por eso es tan complicado probarlas. Lo más recomendable es dejar constancia por escrito, dirigirse al rector, al coordinador, y activar las rutas formales a través del Comité de Convivencia Escolar”, explica Campo Parias.
El comité está llamado a recepcionar las quejas, analizarlas conforme a las pruebas, convocar a las partes y tomar decisiones en busca de la conciliación y la protección de los derechos de los implicados.
No menos preocupantes son los casos en que el hostigamiento proviene de estudiantes, padres de familia o actores externos a la institución. “Cuando se presentan agresiones o faltas de respeto reiteradas por parte de un acudiente o miembro de la comunidad, el docente puede acudir ante el inspector de policía, y si la situación escala, incluso ante la Fiscalía General”, afirmó el abogado.
Las secuelas emocionales del acoso
La salud emocional del profesorado se ve duramente golpeada cuando estas situaciones no son atendidas a tiempo. Un orador compartió lo que ha observado en algunos docentes: “Bajan el ánimo, se aíslan, pierden la motivación. Muchos sienten miedo de volver al aula, y esa presión termina afectando su rendimiento laboral y su vida personal”.
En este contexto, el autocuidado y el acompañamiento entre colegas se vuelven fundamentales para sobrellevar estos episodios y prevenir que se conviertan en crisis prolongadas.
Ante esta realidad, el llamado es claro: reforzar la convivencia escolar desde un enfoque de Derechos Humanos. “El manual de convivencia y el Comité de Convivencia Escolar deben estar orientados por principios que garanticen la dignidad y el bienestar de todos. Si todos los actores educativos conocemos y aplicamos correctamente estas rutas, podremos construir entornos amigables y seguros para todos”, señaló una especialista.
El acoso laboral en los planteles educativos no es solo un problema de relaciones personales; es una amenaza directa a la calidad educativa. Si queremos una sociedad más educada y justa, debemos comenzar por proteger a quienes tienen en sus manos la formación de las futuras generaciones: los docentes.
