Colombia está a punto de cerrar el año con un hito para la educación superior pública. El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que incrementa de manera estructural los recursos destinados a las instituciones de educación superior estatales, iniciativa que ahora queda en manos del presidente Gustavo Petro para su sanción.
La norma reforma los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y redefine el modelo de financiación de universidades, instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas, poniendo fin a décadas de rezago presupuestal. El Gobierno la presenta como uno de los avances más significativos del llamado Gobierno del Cambio y como una respuesta directa a una deuda histórica con el sistema universitario.
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, destacó que esta decisión es fruto de años de movilización social. “Hace una década, miles de estudiantes salieron a las calles para exigir una financiación justa. Hoy esa lucha se convierte en Ley de la República”, afirmó, al tiempo que anunció que el Ministerio avanza en una reforma integral que concibe la educación como un derecho fundamental.
La nueva ley introduce un cambio clave: los aportes de la Nación dejarán de ajustarse únicamente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y pasarán a calcularse según el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), elaborado por el DANE. Este ajuste permitirá que los recursos crezcan de acuerdo con los costos reales de funcionamiento de las instituciones y no por debajo de sus necesidades, como ocurrió durante años.
En cifras, el Gobierno ya había comenzado a reforzar el presupuesto del sector. En tres años, la inversión pasó de 5,5 billones de pesos a cerca de 12 billones en 2025, incluyendo los recursos destinados a la gratuidad. Para 2026, el presupuesto superará los 13 billones y, con la entrada en vigencia de la reforma, en 2027 se sumarían cerca de un billón de pesos adicionales, sin la creación de nuevos impuestos.
Estos recursos estarán dirigidos a ampliar la cobertura, mejorar la calidad académica, fortalecer la investigación, impulsar la infraestructura, mejorar las condiciones de docentes y personal administrativo, y reducir las brechas regionales que afectan el acceso y la permanencia estudiantil.
El horizonte de largo plazo es alcanzar una inversión equivalente al 1 % del Producto Interno Bruto en educación superior pública, acercando a Colombia a los estándares internacionales y a los promedios de los países de la OCDE.
Desde el Ministerio de Educación se subraya que este avance es resultado del Acuerdo Nacional por la Educación Superior, un proceso de diálogo y concertación que involucró a estudiantes, docentes, rectores e instituciones del sector.
Con la sanción presidencial en puerta, el país despide el año con un mensaje claro: la educación superior pública vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional, no solo como política social, sino como motor estratégico para la equidad, la paz y el desarrollo.
