La docente asegura que, pese a múltiples tutelas, incidentes de desacato y requerimientos ante la Superintendencia de Salud, continúa enfrentando demoras, evasivas y presunto incumplimiento en tratamientos vitales.
A la Red Emisora Estudiantil de Antioquia – REEA llega la denuncia de una profesora del magisterio, identificada como la profesora Edita, quien autorizó la publicación de su caso, en la que expone una prolongada y angustiante situación relacionada con la prestación del servicio de salud a su cargo por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), bajo el denominado nuevo modelo de salud.
El relato fue compartido por el comunicador César Asprilla, quien recibió directamente los testimonios de la docente, a través de mensajes y audios de WhatsApp, en los que manifiesta sentirse vulnerable, impotente y afectada emocional y físicamente por lo que califica como un trato negligente y perverso.
De acuerdo con el testimonio de la profesora Edita, su calvario con el sistema de salud del magisterio no es reciente. Asegura que lleva años luchando para que se le garantice una atención digna, oportuna y acorde con sus múltiples patologías. En el anterior modelo de salud, su conflicto principal era con la IPS SUMIMEDICAL, entidad que, según relata, le negaba o dilataba procedimientos, controles y tratamientos esenciales.
Con la entrada en funcionamiento del denominado nuevo modelo de salud del magisterio, la docente esperaba una mejora sustancial en la atención. Sin embargo, según su denuncia, la situación no solo no mejoró, sino que se agravó.
“Lo paradójico es que se cambió de razón social. El FOMAG dice ser el responsable, pero quien me sigue atendiendo es la misma SUMIMEDICAL. Todo sigue igual o peor”, afirma.
La profesora relata que, ante las constantes negativas y retrasos, se vio obligada a acudir a la justicia. Desde abril del presente año ha interpuesto varias acciones de tutela, algunas concedidas de manera parcial y otras de forma integral. No obstante, sostiene que el FOMAG y los prestadores involucrados habrían incumplido de manera reiterada las órdenes judiciales, lo que la llevó a instaurar al menos tres incidentes de desacato.
“Ellos juegan con las fechas, con las órdenes y con la información que envían a los jueces. Le dicen al juzgado que ya me hicieron todo, que ya me cumplieron, cuando eso no es verdad”, manifiesta la docente. Incluso, asegura que en una respuesta judicial se afirmó que ya se le había practicado una cirugía, cuando esta apenas estaba programada semanas después.
Según el testimonio, las citas con especialistas como neuropsiquiatría, psiquiatría, cuidados paliativos y neurología han sido postergadas durante meses, reasignadas sin previo aviso o direccionadas a IPS que no cuentan con las especialidades requeridas.
“Me llaman y me dicen que ya tengo la orden, pero a mí nunca me la entregan. Ante la Supersalud dicen que todo está listo, pero yo sigo esperando”, señala.
La docente también denuncia inconsistencias en el manejo de sus terapias y tratamientos. Explica que fue cambiada de una clínica a otra sin explicación clara, que le redujeron el número de terapias pese a recomendaciones médicas y que varias de ellas fueron interrumpidas, afectando directamente su proceso de recuperación.
“Yo he mejorado, pero porque he luchado. Mi tratamiento es vitalicio y no pueden darme las terapias cuando a ellos les da la gana”, expresa.
Uno de los aspectos más críticos de la denuncia tiene que ver con los gastos asumidos por la propia profesora para poder acceder a la atención médica. Relata que, para asistir a controles y procedimientos en Medellín, tuvo que endeudarse, pedir dinero prestado y asumir costos que superaron los tres millones de pesos.
“Yo presté 700 mil pesos al 20% de interés para poder ir a mis citas. Nadie sabe lo que uno hace para sobrevivir”, afirma con preocupación.
Según su versión, el FOMAG le giró un valor que no cubrió la totalidad de los gastos y, además, le exige requisitos que considera desproporcionados para realizar los reembolsos.
“¿Cómo pretenden que uno se hospede, se alimente y se transporte en Medellín con 75 mil pesos diarios? Eso no alcanza ni para el hotel más barato”, cuestiona.
La profesora Edita insiste en que no está pidiendo privilegios, sino el respeto por su derecho fundamental a la salud.
“Yo no me estoy inventando una enfermedad ni un dolor. Lo único que quiero es mejorar mi calidad de vida y que me atiendan de forma oportuna, no cuando a ellos les dé la gana”, concluye.
Afectaciones a la salud y calidad de vida
La denunciante manifiesta padecer múltiples patologías que requieren atención continua y tratamientos de largo plazo, algunos de carácter vitalicio. Asegura que, si bien ha presentado avances en su salud gracias a su esfuerzo personal y a la fe, el estrés, la incertidumbre y la falta de cumplimiento en los tratamientos autorizados afectan directamente su calidad de vida.
Según su testimonio, los especialistas le han recomendado evitar situaciones de estrés y alteraciones emocionales; sin embargo, las constantes trabas administrativas, las respuestas evasivas y los presuntos incumplimientos la mantienen en un estado permanente de angustia.
Señalamientos y llamado a las autoridades
La profesora Edita sostiene que cuenta con soportes médicos, comunicaciones, órdenes judiciales y pruebas documentales que respaldan su denuncia, y asegura estar dispuesta a presentarlas ante las autoridades competentes, incluyendo juzgados, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personería y Fiscalía General de la Nación.
A través de este medio, hace un llamado urgente al FOMAG, a la Superintendencia Nacional de Salud y a los entes de control para que revisen su caso, garanticen el cumplimiento real de las órdenes judiciales y adopten medidas que aseguren una atención en salud digna, oportuna y humana para ella y para los docentes del magisterio en general.
Esta denuncia se publica con el consentimiento expreso de la afectada y con el propósito de visibilizar una situación que, según su testimonio, no sería un caso aislado, sino una problemática recurrente dentro del sistema de salud del magisterio. La Red Emisora Estudiantil de Antioquia – REEA hace seguimiento a este caso y reitera su disposición para escuchar a las partes involucradas y a las autoridades competentes.
