La alianza busca fortalecer la inclusión laboral mediante ajustes razonables, capacitación y eliminación de barreras actitudinales en el sector público.
En un paso clave hacia una administración pública más incluyente, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional con el objetivo de reducir brechas en el acceso de la población sorda a las oportunidades de empleo público en Colombia.
El acto protocolario de firma, realizado en la sede de la CNSC en Bogotá, contó con la presencia del presidente de la Comisión, Mauricio Liévano, y del director del INSOR, Geovani Meléndres, quienes ratificaron el compromiso de ambas entidades por avanzar en la equidad e inclusión en el ámbito laboral estatal.
“Para la CNSC es muy importante la inclusión. Al suscribir este convenio con el INSOR garantizamos que, de manera técnica, podamos hacer los ajustes razonables para que la inclusión de las personas sordas se materialice”, expresó Mauricio Liévano.
El convenio contempla tres líneas de acción principales:
1️⃣ Fortalecimiento institucional para mejorar la atención a la población sorda en los servicios que ofrece la CNSC.
2️⃣ Eliminación de barreras actitudinales, a través de talleres presenciales y virtuales dirigidos a personas con discapacidad auditiva, enfocados en divulgar la oferta de servicios de la entidad.
3️⃣ Implementación de ajustes razonables que garanticen el acceso equitativo al empleo público, mediante la elaboración de documentos técnicos, boletines, estudios especializados y la creación de mapas de inscripción y vinculación laboral.
Por su parte, Geovani Meléndres, director del INSOR, destacó el impacto que tendrá esta alianza en la vida de muchas personas:
“Este convenio marco es loable para alcanzar estos objetivos de inclusión al empleo público. Para nosotros es aportar a la reducción de esas brechas; lo que queremos es que se vea reflejado en una realidad material”.
El convenio tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, y se ejecutará en el marco de los planes y competencias de ambas instituciones. Esta articulación representa un avance sustancial en la construcción de un empleo público accesible y con enfoque diferencial, donde la discapacidad no sea una barrera, sino un factor que motive la transformación del Estado hacia la equidad.
