Carepa, Antioquia
La reciente captura de un docente de 68 años en el municipio de Carepa, señalado por presunto abuso sexual a una menor de edad, ha generado un profundo debate entre ciudadanos, exalumnos, colegas y familiares del educador, quienes hoy exigen claridad, prudencia y respeto por la presunción de inocencia.
La noticia, difundida inicialmente por medios digitales de la región, fue acompañada por una imagen del docente esposado entre dos agentes de policía, desatando una avalancha de comentarios en redes sociales que reflejan no solo indignación, sino también un amplio respaldo hacia el señalado.
En uno de estos medios se afirmó que: “Las autoridades confirmaron que los exámenes realizados a la menor de edad dieron positivo, respaldando la acusación de abuso sexual, según lo establecido por la Fiscalía General de la Nación”. Sin embargo, este medio intentó verificar dicha información solicitando el dictamen de los exámenes, pero fue imposible obtenerlo. La persona que interpuso la denuncia aseguró que toda la documentación reposa en la Fiscalía. Ante la magnitud del caso y el impacto social que ha generado, se espera que las autoridades competentes sean más claras y transparentes en el manejo de la información oficial.
“No creo en esa acusación”
La anteior frase se repite en decenas de testimonios o comentarios. Exalumnos, padres de familia y vecinos han salido públicamente en redes sociales a defender la trayectoria del docente, a quien describen como un hombre “respetuoso, ejemplar, serio y comprometido con la educación”.
“Fue mi profesor, también de mis hijas, y nunca vimos nada inapropiado”, comentó una madre.
“Ese cuento le falta un pedazo… esto huele a calumnia”, expresó otro usuario, mientras que muchos más afirman que “las niñas de hoy en día saben más que las adultas” y advierten sobre acusaciones motivadas por “venganza”, “intereses económicos” o “problemas personales”.
Varios usuarios hicieron referencia a casos previos de docentes que, según relatan, fueron condenados injustamente por denuncias que posteriormente se demostraron falsas. Una psicóloga, identificada como profesional de la salud mental, aseguró que la denunciante “tiene antecedentes psiquiátricos” y solicitó que la menor sea valorada por peritos forenses independientes, para garantizar un proceso objetivo.
Asimismo, se denunció que la prueba de abuso aún no ha sido realizada al docente, pese a que algunos medios habrían afirmado lo contrario, lo que ha encendido críticas por “amarillismo” y falta de rigurosidad informativa.
Presunción de inocencia vs. protección a la víctima
Mientras cientos de voces piden “no manchar el buen nombre” del profesor sin pruebas concluyentes, otras recuerdan que en casos de abuso a menores lo más importante es proteger a la víctima y no revictimizarla. Un comentario destaca:
“¿Todo bien en casa? Porque el examen a la menor dio positivo para acceso carnal”.
Esta postura plantea un contrapunto necesario: si bien debe respetarse el derecho a la defensa, también se debe garantizar justicia y acompañamiento a las víctimas, especialmente cuando se trata de menores de edad.
Una comunidad dividida y a la expectativa
Conocimos en este medio que hoy se desarrollaró la audiencia en el municipio de Apartadó, la cual continuará el dia domingo. El gremio de educadores de Carepa ha manifestado su indignación, al igual que padres de familia y miembros de la comunidad, quienes consideran esta situación como un golpe fuerte a la tranquilidad de la institución educativa afectada. En este medio estamos a la espera de conocer los resultados de dicha audiencia y, en la medida en que sea posible, establecer contacto directo con el docente para conocer su versión de los hechos.
Esto ha generado una mezcla de temor, indignación y desconcierto en la comunidad educativa. Una situación sin precedentes en Carepa, que ha sacudido profundamente la confianza institucional y ha dejado a muchos a la expectativa de lo que pueda suceder en los próximos días.
Este caso deja en evidencia la necesidad urgente de que los medios actúen con responsabilidad ética, que las autoridades garanticen un debido proceso, y que la ciudadanía comprenda que ni el respaldo social ni la gravedad de una denuncia deben convertirse en juicio final sin pruebas.
Mientras tanto, lo único cierto es que, en Carepa, hay una comunidad expectante que exige justicia… para quien la merece.
