La región del Catatumbo, en Norte de Santander, enfrenta una grave crisis humanitaria y educativa debido al recrudecimiento del conflicto armado entre el ELN y las disidencias de las Farc. Más de 100 maestros han tenido que abandonar sus puestos de trabajo en zonas rurales, huyendo de la violencia para proteger sus vidas.
La situación ha dejado a 20.000 niños sin acceso a la educación, ya que las escuelas permanecen cerradas en varias veredas debido al temor de los docentes de regresar a las aulas. Según testimonios, los maestros han tenido que abandonar la región de manera precipitada, describiendo su huida como “escapar como ladrones”, dejando atrás no solo su trabajo, sino también a las comunidades que dependen de ellos.
La Secretaría de Educación de Norte de Santander ha emitido circulares advirtiendo sobre la gravedad del orden público en la región y las medidas necesarias para salvaguardar a los educadores. Sin embargo, la violencia ha generado un vacío educativo que afecta gravemente el futuro de miles de niños y niñas.
Además de la interrupción de las clases, el desplazamiento de los maestros ha generado una ruptura en el tejido social de las comunidades rurales. Los docentes no solo cumplen una labor académica, sino que también son pilares fundamentales en la formación de valores y la construcción de paz en estas zonas golpeadas por el conflicto. Su ausencia deja a los niños y jóvenes en un estado de vulnerabilidad, expuestos a dinámicas de violencia y exclusión social.
Esta crisis educativa evidencia la urgente necesidad de implementar estrategias de protección para los educadores y garantizar condiciones mínimas de seguridad en el Catatumbo. La comunidad educativa y las organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido al Gobierno Nacional tomar medidas inmediatas para frenar la violencia y permitir el regreso seguro de los maestros a sus comunidades.
A largo plazo, se requiere un enfoque integral que incluya no solo la seguridad de los docentes, sino también programas de atención psicosocial para los niños afectados, muchos de los cuales han experimentado el desplazamiento forzado y la pérdida de oportunidades educativas. Reestablecer el acceso a la educación en el Catatumbo es esencial para romper el ciclo de violencia que ha marcado la historia de esta región.
Mientras tanto, miles de estudiantes esperan una solución que les permita continuar su formación académica, un derecho que no debería ser arrebatado por la guerra. La educación en el Catatumbo sigue siendo una deuda pendiente que requiere atención prioritaria y acciones concretas para garantizar un futuro más esperanzador para estas comunidades.