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El Tribunal Administrativo del Quindío declaró fallida la audiencia de Pacto de Cumplimento realizada ayer en este despacho, tras la Acción Popular impetrada por la gobernación del Quindío contra los ministerios de Educación y de Hacienda para que cumplan con la ley en el pago de las primas que se adeudan a maestros por fallo judicial.

El gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio Buriticá acudió a la audiencia en compañía de los abogados de la gobernación, lo mismo que lo hicieron los delegados de los ministerios de Hacienda y Educación, que manifestaron que no aceptan ni presentan ningún proyecto de Pacto de Cumplimiento, por lo que el magistrado declaró fallida la vista judicial.

El gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio Buriticá dijo al final de la audiencia que su administración queda a la espera de que el Tribunal Administrativo del Quindío estudie las pruebas aportadas dentro de la Acción Popular y falle en justicia, sabiendo que la obligación del pago de emolumentos por educación es una responsabilidad del gobierno nacional y que las finanzas del departamento no soportan físicamente la demanda que está en curso. 

El abogado Gustavo Adolfo García Botero, asesor de despacho del gobernador del Quindío, explicó que el trámite judicial que se desarrolló ante el Tribunal Administrativo del Quindío hace parte de una etapa ordinaria dentro de la Acción Popular que viene adelantando el Departamento del Quindío. 

“Evidentemente hay un procedimiento legal que debe cumplirse para poder sanear la deuda laboral que vienen reclamando los docentes. El Departamento ha agotado todas las etapas administrativas para poder llegar a ese puerto, tanto es así que obtuvo la validación de la deuda en más de $15.000 millones de pesos por parte del Ministerio de Educación, una vez validada esa deuda ha procedido al pago con cargo a los excedentes del balance de los cuales disponía en su momento la gobernación”, explicó García Botero.

Agotados esos recursos para pagarle a los docentes, dice la norma que es necesario concurrir con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación. El asesor del despacho del gobernador explicó que el Departamento está reclamando esa concurrencia por parte de los ministerios de Educación y Hacienda; sin embargo, en desarrollo de la audiencia de Pacto Cumplimiento los abogados manifestaron que los ministerios no acudirán a dicha concurrencia de pago.

Ante esta negativa de cumplir con lo solicitado en la Acción Popular, el gobierno departamental no tiene otro mecanismo que continuar con el trámite del proceso esperando que sea el Tribunal Administrativo del Quindío quien desate en primera instancia el proceso judicial que se viene adelantando. 

“El declarar fallida la audiencia de hoy (ayer) significa que no existe voluntad de las partes para llegar a algún puerto conciliatorio que permita desentrabar el asunto. Ante eso es meritorio darle consecución al procedimiento en su integridad, esperando ya la práctica de las pruebas y finalmente la sentencia de primera instancia que esperamos alcance a salir antes de la vacancia judicial, de lo contrario, ya será en la vigencia entrante cuando tendremos dicho pronunciamiento”, manifestó Gustavo Adolfo García Botero. 

El Departamento con el texto de la Acción Popular ha aportado todo el material probatorio, como las diferentes comunicaciones que se han producido desde ambos ministerios, y sobre esos elementos de prueba es que el Tribunal Administrativo del Quindío entrará a tomar una decisión. 

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