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El estudiante se habría equivocado y diligenció el formulario de solicitud por la mitad de la duración de la carrera -confundió semestres con años-. El alto tribunal le dijo a la institución crediticia que prima el derecho a la educación sobre las formas.

Por un error al llenar el formulario de solicitud de crédito al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), David Steven Felipe Vargas Pérez no pudo seguir estudiando la carrera de ingeniería de sistemas en el Politécnico Grancolombiano. Cuando llenó la solicitud, en 2016, confundió años y semestres, y en la casilla de duración de la carrera puso 4 semestres en vez de 8 semestres. Por eso, cuando apenas estaba cursando la mitad de la carrera, el Icetex dejó de desembolsar los recursos para continuar con sus estudios, ya que solo había hecho el pedido por un periodo de dos años.

El estudiante trató de negociar con la institución estatal para extender el crédito por los dos años de carrera que le quedaban, e incluso le pidió que, si no podía continuar con el préstamo, le permitieran pagar en 6 años lo adeudado. De esta forma podría seguir con sus estudios sin tener que pensar en cómo pagar el saldo. Sin embargo, el Icetex fue claro: no había nada que hacer. “El presupuesto correspondiente se asignó de acuerdo a lo informado al momento de la adjudicación y no es posible realizar ajustes al financiamiento inicial aprobado”, declaró la institución crediticia a Vargas Pérez.

Sin poder estudiar y acorralado por una deuda que pronto tenía que pagar, David Steven Vargas puso una tutela el 9 de octubre de 2018 ante el Juzgado 27 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. En esta aseguró que le estaban vulnerando el derecho a la educación, por lo que solicitó que se reanudara el crédito, y si no, en su defecto, le dieran un plazo mayor para pagarlo. El tribunal negó las dos peticiones: consideró que no hubo vulneración del derecho a la educación y señaló que la entidad solo contemplaba un periodo de gracia de un año para comenzar a pagar la deuda, y este era el tiempo máximo que le podían reconocer.

Aunque Vargas Pérez no impugnó la decisión, la Sala de Revisión de la Corte Constitucional decidió estudiar la tutela debido a su relación con un derecho fundamental como es la educación. Tras una revisión del caso a cargo del magistrado ponente Alberto Rojas, el alto tribunal decidió concederle las peticiones hechas por el estudiante. De esta forma, la Corte Constitucional le dijo al Icetex que al suspender el crédito sí estaba yendo en contra del derecho fundamental a la educación del tutelante.

En el fallo, se destacó la situación de Vargas Pérez, quien es un joven de bajos recursos cuya única posibilidad de acceder a la educación universitaria es un préstamo estudiantil: “el actor no cuenta con recursos económicos para sufragar sus gastos y ante la negativa de la entidad accionada para corregir el error administrativo que llevó a la cancelación de su crédito académico, no ha podido continuar con sus estudios para acceder a un empleo”.

Así mismo, el alto tribunal le advirtió al Icetex que los trámites “no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización”. Agregando que: “las autoridades públicas están en la obligación de establecer formularios claros en los que la información que se pide consignar a la ciudadanía pueda ser allegada sin hacer incurrir en ambigüedades o imprecisiones a los administrados”.

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